Cumplir 18 años: la eterna condena de los niños tutelados
En España hay 50.000 niños de acogida. Al llegar a los 18 años se les exige que se emancipen, cuando el resto de jóvenes en nuestro país lo hace a los 29
En España hay 50.000 niños bajo la tutela del Estado , menores que, o bien están en una familia de acogida –los menos–, o en acompañamiento residencial. Son separados de sus padres por causas muy graves como explotación –sexual, laboral…–; violencia –sexual, malos tratos físicos, psicológicos… –; por no estar escolarizados, por abandono, por tener padres consumidores de drogas, con enfermedades psiquiátricas… En todos los casos, al primar el bien del menor, deben salir de su núcleo familiar para poder crecer de forma más «normalizada».
Sin embargo, para la mayoría de estos menores, cumplir los 18 años marca el inicio de una nueva etapa en la que se ven desprovistos de los apoyos recibidos durante su infancia , lo que les deja de nuevo en una posición de vulnerabilidad y exclusión social.
«Al llegar a la mayoría de edad, el Estado no está obligado a continuar con su cuidado y muchos de ellos se quedan en la calle . En definitiva, el Estado se desentiende de sus tutelados», lamenta Clara Martínez , directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño en la Universidad Pontificia Comillas y autora del informe «El inicio de la desprotección. La realidad de la infancia al cumplir la mayoría de edad», presentado ayer por Aldeas Infantiles SOS en el marco del Día Internacional de los Derechos del Niño que se celebra este 20 de noviembre.
Asegura que, afortunadamente, hay familias que deciden continuar con el cuidado de estos jóvenes porque han creado con ellos un vínculo emocional y saben que con 18 años no tienen las condiciones adecuadas para ganarse la vida por ellos mismos . En el caso de estar en centros de acogida, son las ONG las que intentan continuar con la labor de protección . «Que el Estado les deje desprotegidos supone poner en riesgo todo el trabajo que se ha hecho con ellos en su infancia».
Objetivo: integración plena
Las consecuencias de poner fin a la tutela de manera tan abrupta «son traumáticas para quienes ya han vivido experiencias negativas en su infancia –insiste Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS–. No basta con alimentar, educar y proteger al niño durante su acogimiento , es necesario no perder de vista que el objetivo es su plena integración en la sociedad. Por ello, la transición a la vida independiente y a los apoyos posteriores deben entenderse como una fase más de la protección. Solo así será realmente integral».
El problema es –tal y como incide el informe presentado–, que la legislación «en materia de protección a la infancia en su proceso de emancipación es insuficiente». No se adecúa a los estándares internacionales ni a nivel estatal o autonómico. En la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM), las referencias son genéricas y ambiguas y se centran en la preparación profesional entre los 16 y los 18 años. Clara Martínez advierte que «es necesario modificar el marco legal para que el Estado y las comunidades asuman como una obligación el acompañamiento en la transición», aunque apunta que hay excepciones, como Baleares, Valencia y Cataluña donde cuentan con una regulación específica de los derechos de los jóvenes que salen de los centros de acogida y se les ofrece una red de apoyo tras los 18 años.
El Estado «debe entender que esto es parte de su obligación –insiste la directora de la Cátedra Santander–. Estos jóvenes están en una clara desigualdad respecto al resto de su misma edad, sobre todo teniendo en cuenta que la edad media a la que se emancipan en nuestro país es a los 29 años. ¿Por qué deben los tutelados hacerlo a los 18? ¿Dónde van a esa edad? ¿Quién les paga su vivienda? ¿Sus estudios? Se cortan las alas a todas sus pretensiones y sueños», concluye.
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