Felicity Huffman, arrestada por formar parte de un fraude universitario
La actriz y su marido, el también actor William H. Macy, se encargaban de convencer a los padres de que pagasen si querían que sus hijos ingresaran en la universidad sin tener que pasar los procedimientos legales
Las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin se encuentran entre las 50 personas acusadas este martes de un fraude universitario de 25 millones de dólares. Los federales fiscales acusan a los responsables de sobornos a los padres para el ingreso de sus hijos en universidades de élite como la Universidad de Yale, Stanford, la de Texas, de Georgetown, del Sur de California o la Universidad de California, en Los Ángeles.
En los documentos judiciales consta que uno de los directivos se habría reunido con Huffman y su marido, el también actor William H. Macy , de 58 años, en su casa de Los Ángeles para explicarles el plan de extorsión que consistían en convencer a los padres de un procedimiento que debían seguir si querían que su hijo estudiara en la universidad sin tener que pasar los procedimientos previos.
Los directivos también sobornaron a 13 entrenadores de las distintas universidades para que otorgaran la admisión de ciertos estudiantes en los deportes que ofrecía la universidad, una beca que no les debería pertenecer pues no tenían capacidad atlética.
Problemas de aprendizaje
Los 33 padres acusados pagaron decenas de miles de dólares por sus servicios, que fueron enmascarados como contribuciones caritativas, según aseguran los fiscales encargados del caso. El tribunal federal de Boston decidirá sobre las acusaciones de extorsión, blanqueo de dinero y obstrucción de la justicia. Una de las primeras declaraciones de un padre estafado fue: «Nos dijeron que lo que hacían era ayudar a las familias más ricas de Estados Unidos a llevar a sus hijos a la universidad».
Parte del plan consistía en recomendar a los padres que simularan a los administradores que sus hijos tenían problemas de aprendizaje para que les permitiesen más tiempo en la realización del examen. Ante esto la fiscalía ha presentado pruebas de que los centros educativos recibieron sobornos para hacer trampa y corregir las respuestas incorrectas de los estudiantes en el examen.
