Unidas Podemos se desmarca de la reforma de la malversación pero apoyará la ley
El Grupo Confederal no firmará la enmienda transaccional del PSOE por «dudas» sobre su aplicación, pero siguen valorando qué sentido del voto aplicar con ella
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Unidas Podemos no ha formado parte de la negociación para reformar el delito de malversación entre PSOE y ERC enmarcada en la reforma amplia del Código Penal que también rebajará el delito de sedición, entre otros aspectos. Según han explicado fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos esta mañana, tienen «dudas» sobre la futura aplicación del nuevo delito que se pretende tipificar y siguen valorando en estos momentos que posición tomar ante la enmienda del PSOE.
Así, la firma de Unidas Podemos no está en la enmienda transaccional con la que el PSOE pretende matizar la iniciativa de ERC. No obstante, Unidas Podemos sí apoyará la ley al considerar que «contiene elementos muy importantes».
En una rueda de prensa en el Congreso, el presidente del Grupo Parlamentario Confederal, Jaume Asens, ha explicado que no se están «desentendiendo», sino que tienen una «posición propia» sobre el delito de malversación. Asens ha explicado que están estudiando las propuestas del PSOE y de ERC por separado y que a pesar de que no tienen ninguna decisión tomada en el grupo, «la música les suena bien».
En la sede de Podemos no piensan lo mismo. Los coportavoces de Podemos, Pablo Fernández e Isa Serra han hablado abiertamente de sus dudas. «Estamos valorando juridicamente las consecuencias y el resultado que podría llegar a tener esa enmienda. Estamos estudiando y planteándonos el sentido del voto, perdón por ser reiterativo, pero la enmienda nos genera muchas dudas», ha expresado Fernández desde la sede del partido. Podemos teme que esta enmienda beneficie a condenados por corrupción de otros partidos. Pero aseguran que sí apoyarán la reforma del Código Penal pese al conflicto con esta enmienda.
«Es un acuerdo entre PSOE y ERC», es lo que han asegurado fuentes del grupo parlamentario previamente. «Nosotros tenemos dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces y por eso no vamos a firmar esa enmienda, aunque facilitemos que no descarrile esta tarde en la ponencia una ley tan importante que contiene elementos tan importantes como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional», han añadido.
La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha reaccionado con «sorpresa» al anuncio de Unidas Podemos, según ha aclarado ella misma en una rueda de prensa. «Entenderá que pueda generar cierta sorpresa conocer ese voto positivo a la ley, pero no firmar lo que votas positivamente... intento ser bastante elocuente con la respuesta», ha explicado Alegría al ser preguntada por las explicaciones del socio de Gobierno. La ministra Alegría también ha insistido en el compromiso del PSOE en su lucha y persecución de la corrupción.
Los socialistas admiten que el acuerdo con ERC se trata de una decisión «arriesgada», como dijo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en un acto en Cataluña. No todos los barones están de acuerdo con este movimiento. Tampoco el socio de Gobierno, que hoy manifiesta abiertamente sus dudas. Pero La Moncloa asegura que «no hay otro camino» para avanzar en el conflicto catalán y la normalización de las relaciones institucionales.
La enmienda transaccional del PSOE pretende rebajar la pena de un tipo de malversación y permitirá a independentistas como Oriol Junqueras presentarse a las elecciones, así como librará del proceso judicial a la llamada infantería del 'procés'. Sin embargo, y en esto insisten La Moncloa y Ferraz, también modifica la pretensión de ERC de que los actos soberanistas e independentistas del 1-O y los que puedan venir queden despenalizados.
El PSOE propone un nuevo tipo penal de malversación llamado «desvío presupuestario irregular» para perseguir la administración desleal de fondos públicos como la que se produjo durante el 'procés' que penalice con hasta cuatro años de cartel y seis meses de inhabilitación. Quieren evitar así la rebaja de ERC, que planteaba por este tipo de malversación penas máximas de tres años de cárcel.