Perfil
Rafael Mozo, un presidente dúctil para una transición serena
Magistrado de la Sala de lo Penal en la Audiencia Nacional
El vocal progresista ha sido elegido este jueves jefe del CGPJ en sustitución de Carlos Lesmes
Francisco Marín Castán, la toga discreta que nunca ha pedido nada
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Magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2018 y propuesto como vocal por el PSOE, Rafael Mozo sustituirá a Carlos Lesmes al frente del CGPJ y en una presidencia distinta a la de Francisco Marín Castán en el Supremo. ... Mozo, el vocal de mayor edad, ha mantenido un perfil discreto durante los últimos nueve años en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cuando ha votado o ha habido que suscribir algún voto particular lo ha hecho con sus compañeros del grupo progresista, en el que mantiene una estrecha relación de amistad con Clara Martínez de Careaga. No en vano, el suegro de esta vocal, el padre de Cándido Conde-Pumpido, fue su preparador en las oposiciones.
El talante de Mozo, dialogante y alejado de estridencias, sumado al hecho de que sea una persona dúctil, le ha hecho granjearse el apoyo de los vocales conservadores aunque solo sea por eso de «más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer». Dentro de lo que cabe, su presidencia será poco menos que decorativa para el tiempo que quede para la renovación, pues desde el momento en que el CGPJ está maniatado no se espera que pueda hacer mucho más que cubrir asuntos de trámite.
Precisamente sobre la reforma que limitó las atribuciones del Consejo, Mozo formó parte del grupo de los cinco vocales progresistas que se distanciaron de los tres con perfiles más políticos (Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda) y defendieron seguir haciendo nombramientos aun estando en funciones por una cuestión de responsabilidad.
Antes de aterrizar en la Audiencia Nacional, que todavía no ha pisado, Mozo, de Jueces para la Democracia, fue magistrado de la Audiencia de Madrid, donde condenó al asesino del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta, a Ricardo Guerra, a 17 años de cárcel y a una indemnización de 30 millones de las antiguas pesetas. Desde su ingreso en la carrera judicial en 1985 ha estado destinado en Sant Feliu de Guixols, Sepúlveda, Leganés y Madrid.
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