Puigdemont contesta a la Fiscalía que los hechos que le imputa no se parecen «ni por asomo» a unos desórdenes
Su defensa critica el «doble rasero» de la Abogacía del Estado, que no veía malversación con lucro en otros condenados del procés y en él, sí
La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, ha presentado un escrito ante el juez instructor de la causa por el procés en el Tribunal Supremo que se opone a los argumentos vertidos tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado en relación al auto que reconduce las imputaciones contra él a ilícitos de malversación agravada de cara a una futura nueva reclamación. Reclama además que su caso sea analizado por un juzgado de Barcelona porque interpreta que el TJUE ha avalado la falta de competencia del instructor Pablo Llarena.
El escrito, al que tuvo acceso ABC, carga contra la Fiscalía porque dice que vulnera su presunción de inocencia al pretender que se le atribuya directamente todo el contenido de la sentencia que dictó el Supremo sobre el procés cuando Puigdemont no ha sido aún ni juzgado. «De tan sistemática remisión sólo se puede desprender que, para el Ministerio Fiscal, el enjuiciamiento de mi representado solo es un trámite porque la condena ya estaría dictada», dice uno de los pasajes.
En cuanto a su posición de que Puigdemont debería ser procesado por desórdenes públicos agravados como asimilación del extinto delito de sedición, su letrado sostiene que no es posible, porque los hechos que se atribuyen al expresidente catalán «ni por asomo se asemejan a aquellos en los cuales fundamentó su razonamiento» la Sala de lo Penal del Supremo en su sentencia.
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«El nuevo tipo penal de los desórdenes públicos agravados no permite subsumir en él los hechos por los cuales mi mandante se encuentra procesado y ello es así porque, con independencia de que mi representado no ha cometido ningún delito, los hechos que se le atribuyen no permiten tal subsunción si no es a través de una mutación de los mismos y la gestación ad-hoc de unos nuevos hechos que le vinculen con aquellos puntuales desórdenes que se hayan podido cometer en el transcurso de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017», argumenta.
Añade un elemento más, y es que sostiene que el criterio de la Fiscalía «no tiene, tampoco, ningún recorrido en el improbable caso en que se pretendiese, ya por cuarta vez, intentar la detención y entrega» de Puigdemont, porque «es inviable una entrega por parte de ningún Estado de la Unión Europea, si la misma se pretende sobre la base de unas normas que no estaban en vigor al momento de los hechos».
Denuncia el «doble rasero» de la Abogacía
El escrito también desarrolla oposición a los argumentos de la Abogacía del Estado, que en su opinión «pretende una aplicación retroactiva de una norma penal que no estaba en vigor al momento de los hechos» y además, aplica «un doble rasero» con el expresidente catalán cuando se trata de la malversación. No impugna el auto de Llarena, que mantiene el procesamiento por este delito en su modalidad de ánimo de lucro, pero cuando hubo de informar sobre los condenados del procés a la luz de la reforma del Código Penal, dijo que no encajaban en el tipo penal.
«Ni se practicó en el juicio prueba alguna al respecto, ni se declaró en la sentencia que los hechos cometidos por los acusados lo fueran con ánimo de lucro propio ni de terceros, ni con el ánimo de obtener los condenados por malversación un beneficio propio ni ajeno, con ocasión de aquellos, por lo que los hechos objeto de condena no pueden ser subsumidos en la conducta de 'apropiación' con ánimo de lucro que ya tipificaba el Art. 432 en la redacción original de 1995, ni en la ahora vigente tras la LO 14/2022 al faltar en los mismos ese elemento del tipo», decía el escrito de la Abogacía sobre los otros condenados.
Para el abogado de Puigdemont, «la Abogacía del Estado parece tener dos posturas diametralmente opuestos en función de a quién haya de aplicarse la reforma del Código Penal, en unos casos considera que no ha existido ánimo de lucro y en otros -el del expresidente catalán- avala el criterio del Excmo. Magistrado-Instructor, en cuanto a la presencia del ánimo de lucro en la conducta objeto de imputación».
En cuanto a Llarena, recupera la reclamación que viene elevando desde el inicio: que el Supremo no es competente para llevar estos hechos y deben recaer en un juzgado de Cataluña. En su opinión, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le avala en este postulado, en tanto que apunta que «no puede considerarse un tribunal establecido por la ley» aquel que «resuelva en primera y última instancia sobre un asunto penal sin disponer de una base legal expresa que le confiera competencia para enjuiciar a la totalidad de los encausados».
