El PSOE facilita la campaña internacional de ERC contra España por Pegasus

Si el PSOE hubiera enviado a alguno de sus cuatro representantes a la audiencia, hubiera podido pedir la palabra para intervenir y defender la actuación del Estado en el marco de la versión que siempre ha mantenido el Gobierno. Esto es, que durante la etapa de Pedro Sánchez no ha existido espionaje político ilegal, sino escuchas que siempre han contado con autorización judicial previa. Pero los socialistas evitaron confrontar con su socio coincidiendo con los últimos días de tramitación de los Presupuestos y la negociación de la reforma de la malversación. Y al quedar la silla del PSOE vacía, la versión de Riba solo encontró oposición en el representante del PP, Pablo Hispán, quien cuestionó lo dicho por la republicana recordando que pese a ese supuesto espionaje, ERC sigue pactando cada día con Pedro Sánchez. En un cara a cara bastante bronco, Hispán también pidió a Riba que aclarara por qué el gobierno catalán compró software para escuchar conversaciones de terceros.

Fuentes socialistas explican que estaba previsto que su portavoz parlamentario de Exteriores, Sergio Gutiérrez, acudiera a la audiencia de ayer pero que finalmente prefirió no hacerlo por haber mantenido un contacto estrecho con una persona con Covid en los días previos. Según estas fuentes, Gutiérrez siguió la sesión de forma virtual pero no pudo intervenir porque la vía telemática no lo permite. También señalan que no pudo ser sustituido porque ya había sido acreditado. Pero fuentes del Consejo de Europa señalan que no hace falta acreditación para acudir a una sesión de un órgano del que se es miembro y que España cuenta con cuatro representantes socialistas en la Comisión de Asuntos Jurídicos: Sergio Gutiérrez y Marc Lamuá como miembros titulares, junto a Luz Martínez Seijo y Susana Sumelzo como suplentes. De hecho, estas fuentes explican que al tratarse de una audiencia era posible acudir e intervenir no siendo miembro de esa comisión mientras se perteneciera a la Asamblea Parlamentaria. Así lo hizo la senadora republicana Laura Castel, que sin pertenecer a ese órgano pidió la palabra para reiterar las acusaciones de Riba sobre un supuesto espionaje ilegal del Gobierno socialista al independentismo, y cargar contra la falta de transparencia y de asunción de responsabilidades. Hispán puso en duda la veracidad de ambas recordando que la anterior directora del CNI, Paz Esteban, acudió al Congreso para explicar que las escuchas realizadas contaron con autorización judicial. También recordó que fue cesada por Sánchez precisamente por petición de los republicanos. Ni Vox ni Ciudadanos cuentan con representantes en ese órgano por lo que tampoco estuvieron presentes en la audiencia.

La defensa de la actuación del Estado era importante ayer porque el informe que elabora la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el uso de Pegasus por parte de los estados ya tiene una versión preliminar que apunta a su uso ilegal durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Esa versión previa, a la que ha tenido acceso ABC, recoge que «también se informaron denuncias sobre el uso de Pegasus contra personas específicas en ciertos estados miembros del Consejo de Europa antes de 2021. Por ejemplo, según 'The Guardian' y 'El País', el software Pegasus se usó para comprometer los teléfonos de varios políticos en España, incluido el del expresidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent».

Noticia Relacionada

El PSOE se alía con ERC para que el independentismo tenga voz en Europa como «víctima del Estado»

Roberto Pérez

Purgan la lista de la 'comisión Pegasus' sobre el espionaje: quitan a un técnico para poner a un abogado de los sediciosos catalanes

Al igual que el presunto espionaje denunciado por Riba ayer, las supuestas escuchas a Torrent se habrían producido en 2019, cuando el actual líder socialista ya ocupaba La Moncloa. El citado informe preliminar se apoya en un artículo del rotativo británico 'The Guardian' titulado «Teléfono de alto político catalán: objetivo de software espía de nivel gubernamental» que fue publicado el 13 de julio de 2020.

Las citadas fuentes socialistas subrayan que no puede entenderse que existe connivencia con el independentismo respecto a su campaña de desacreditación del Estado, y que no solo se opondrán a que el informe final recoja acusación alguna contra España «durante el Gobierno de Pedro Sánchez» sino que «trabajarán» para que el resto de delegaciones internacionales hagan lo mismo. «Estamos haciendo una diplomacia muy activa para desmentir al independentismo», aseguraron, aunque ayer le dejaron el campo libre.