Los progresistas del Consejo del Poder Judicial plantan a Cuesta y rechazan dimitir

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Todos los vocales de su grupo han declinado renunciar al sostener que sería una «irresponsabilidad» y que el órgano de gobierno de los jueces es la víctima de la falta de acuerdo entre PSOE y PP para proceder a una renovación que se debió haberse producido hace ya cuatro años y medio. Ni siquiera la renuncia del anterior presidente, Carlos Lesmes, en un momento el que el acuerdo era más factible tras la visita del comisario Reynders a España, pudo reconducir la situación. La reforma de la malversación y la supresión de la sedición de la que Núñez Feijóo se enteró 'in extremis' frustraron el pacto.

Según ha podido saber ABC de fuentes presentes en ese encuentro Cuesta ha defendido la renuncia públicamente ante sus compañeros como la única opción posible porque la situación ya es «insostenible». Los vocales Enrique Lucas, Roser Bach, y Clara Martínez de Careaga han manifestado su intención de permanecer en los puestos para los que fueron propuestos en 2013. Lucas, Bach y Cabrejas han afeado a Cuesta las formas con las que ha manejado este asunto: no solo al proclamar que el grupo progresista se planteaba una dimisión en bloque cuando no era cierto (no había tanteado esa posibilidad con ninguno de ellos) sino por forzarles a tener que pronunciarse en esta reunión sobre una decisión tan personal y por ponerles, sin querer ellos, en el foco de atención de la prensa. Sepúlveda y Mozo también han rechazado esa opción de dimitir.

Así las cosas, si hay alguna maniobra en este sentido además de la ya anunciada renuncia de Sáez, esta sería la Cuesta, que no ha desvelado qué va a hacer y ha comunicado a sus compañeros que se reserva su decisión.

Según el grupo conservador una dimisión orquestada y en grupo puede acarrear consecuencias penales: los vocales podrían incurrir en el delito de abandono previsto en el artículo 409.2 del Código Penal: «Las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».

Ha sido la renuncia de la vocal Concepción Sáez, propuesta por IU, y que aún tiene que aceptar el presidente, la que ha producido el movimiento de Cuesta, a dos meses además de las elecciones. En su carta a Mozo, Sáez aludía la «insostenible» situación del órgano. «Ha terminado por agotar mi paciencia», afirmaba. La vocal considera «inútil jurídica y políticamente» su continuidad en este escenario de «irreversible degradación de la institución».