Uno de cada tres etarras acercados al País Vasco ya está en semilibertad
El gobierno vasco niega que exista un trato de favor per la proporción de presos de ETA que han progresado de grado es mayor que la de la población reclusa en su conjunto
Ha pasado un año desde que el Gobierno vasco asumiera las competencias de políticas penitenciarias. Desde el 1 de octubre de 2021 todas las cárceles vascas están bajo la tutela del Departamento de Justicia y Políticas sociales. En estos 12 meses se han sucedido los acercamientos de presos de ETA y uno de cada tres terroristas ha pasado a un régimen de semilibertad.
Según el balance que ha hecho hoy público la consejería vasca, en total hay 116 condenados por terrorismo en las cárceles vascas. En el último año se han concedido 25 progresiones de grado a este colectivo y hay un total de 36 etarras que gozan ya de un régimen de semilibertad, es decir, el 31% del total. De ellos, 28 se encuentran en tercer grado, lo que implica que únicamente tienen que ir a prisión a dormir, y otros ocho han pasado a un régimen de semilibertad.
A tenor del informe, la proporción de etarras que disfrutan de estos beneficios penitenciarios es superior a la media de la población reclusa. De hecho, según estos mismos datos, en las cárceles vascas hay en total casi 1.500 presos cumpliendo condena, y solo el 25% del total se encuentran en regímenes abiertos o semiabiertos. Son un 5% menos de la proporción que se aprecia teniendo en cuenta únicamente a los presos de ETA.
A pesar de esta diferencia, la consejera vasca de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha negado que exista ningún trato de favor a los reclusos de la banda terrorista, en la intervención que ha tenido en el centro penitenciario de Zaballa (Álava), cuyo principal objetivo era hacer balance del primer año de gestión. De hecho, desde el departamento han destacado que si bien el Ejecutivo vasco ha tramitado en el último año 457 progresiones de grado, solo el 5% han sido para presos de ETA.
«Ni hoteles, ni resorts»
Artolazabal, de hecho, ha dedicado los últimos minutos de su intervención a insistir en que las cárceles vascas no son «ni hoteles, ni resorts». Ha asegurado que no se aplican «tratamientos colectivos para los presos de ETA «ni para ningún otro preso», y que ningún interno de las cárceles vascas obtendrá «beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos, sea de ETA o no».
También ha negado tratos de favor a la hora de aceptar traslados, los dos últimos los de Henri Parot o Francisco Javier Garcia Gaztelu, 'Txapote'. Ha asegurado que todos los acercamientos se deciden atendiendo a «cuestiones de arraigo» y que, de hecho, también se han rechazado peticiones cuando han considerado que no se cumplían estas condiciones. Hace unas semanas trascendió que el Ejecutivo vasco había denegado, al menos, cinco peticiones de este tipo que provenían de personas condenadas por terrorismo.
Ha insistido además, en que todas las progresiones de grado se aprueban en función de «informes profesionales individualizados» elaborados por personal técnico y que, en todos los casos, cuentan con el visto bueno de la Junta de Tratamiento correspondiente. Ha asegurado, además, que la relación es «fluida» con el Ministerio del Interior, con la Audiencia Nacional y con los diferentes tribunales vascos. También ha anunciado que se recuperarán los procesos restaurativos, es decir, las reuniones entre víctimas y etarras, en los próximos meses «siempre desde la voluntariedad y la discreción».
Gestionar la plantilla
Otra de las críticas a las que se ha tenido que enfrentar el Gobierno vasco en este primer año de gestión de las prisiones es la supuesta «improvisación» a la hora de organizar la plantilla. Cuando hace un año se traspasaron las competencias, las prisiones vascas ya contaban con más de 80 vacantes por cubrir. Según el balance presentado esta mañana, son ya 117 los puestos sin cubrir, el 17% del total.
El problema se agudizó después de un concurso de traslados, que además no conseguir cubrir las vacantes, agudizó las diferencias entre los funcionarios que ya estaban y los nuevos. Los sindicatos han denunciado «discriminación» de este segundo colectivo que sufría diferencias en sus condiciones laborales.
Lamentan que haya habido una mala planificación, a pesar de que el traspaso de las políticas penitenciarias haya sido una reivindicación histórica del Gobierno vasco. Han sido varias las movilizaciones convocadas en los últimos meses y solo una de las centrales, Acaip UGT, el mayoritario en el colectivo, se ha sentado a firmar un acuerdo. Artolazabal, en su intervención, solo se ha referido a este conflicto laboral reconociendo las grandes «dificultades» que entraña acometer el traspaso de esta competencia. También ha aprovechado la mesa redonda, con presencia de representantes de las tres cárceles vascas para hacer un llamamiento al resto de sindicatos a «poner encima de la mesa sus propuestas».
