Los padres del bebé secuestrado en Bilbao piden una orden de alejamiento

El padre de Aimar, Pedro Castro, acudía este lunes por la mañana a la comisaría de la Ertzaintza en Galdácano, Vizcaya. Ha solicitado al juez una orden de alejamiento para que Mireia C. S., la mujer que se llevó a su hijo del hospital de Basurto la semana pasada, no pueda acercarse a su familias.

En declaraciones a los periodistas ha asegurado que ha tomado esa decisión «por temor». A través de los medios de comunicación se han enterado de que la joven quiere pedirles perdón, algo que no quieren que ocurra. «Nos da miedo que se acerque a nosotros», ha insistido. Asegura, además, que con esta petición la madre de Aimar también se queda más tranquila.

La familia, que recibió el alta el pasado viernes, todavía continúa impresionada por lo ocurrido. «Laura, mi mujer, tiene pesadillas y se despierta sobresaltada», ha explicado el padre de Aimar. Además, están sorprendidos con la decisión del juez de dejar en libertad a la secuestradora confesa de su hijo sin decretar ninguna medida cautelar. «Es vergonzoso», ha añadido.

Mireia C. S. abandonaba los juzgados de Bilbao el sábado por la tarde a pie, acompañada de sus abogados, y con una capucha roja cubriendo su rostro. La jueza de instrucción no apreció ni riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, ni de reiteración delictiva y la dejó en libertad sin decretar ninguna medida cautelar. Tomó la decisión con la oposición de la Fiscalía, que sí solicitaba prisión provisional para la detenida. De hecho, el ministerio público ya ha presentado un recurso contra esta decisión. Considera que sí podría haber riesgo de volver a cometer un delito similar porque la acusada escogió a Aimar al azar, después de tres intentos, y en estos momentos nada le impide volver a intentarlo.

Fuentes jurídicas insisten en que no decretar prisión provisional no significa que no vaya a haber un juicio o que no se la vaya a declarar culpable en un futuro. Es más, insisten en que la acusada se enfrenta a un delito de detención ilegal que conlleva una pena de entre seis y diez años de cárcel. En este caso además, cabría la posibilidad de aplicar agravantes ya que la víctima es menor de edad.

El abogado de Mireia C. S. ha confirmado que no se opondrán a la orden de alejamiento para «no causar más daño a la familia». También ha explicado que su defendida ha pedido ingresar voluntariamente en un centro psiquiátrico, a pesar de que el la jueza rechazó esa medida al decretar su puesta en libertad. Los padres de Aimar, por su parte, están también valorando si denuncian al servicio vasco de Salud, Osakidetza, por el fallo de seguridad.