La justicia vasca obliga a readmitir a los aspirantes a policía excluidos de una bolsa de trabajo por no saber euskera
El Gobierno vasco eliminó a todos los candidatos que no acreditaron un nivel B2 de lengua vasca, a pesar de que podían ocupar plazas en las que el idioma no era un requisito necesario

La exigencia de un determinado perfil de euskera para formar parte de las bolsas de interinos de la Policía Local supone un «trato discriminatorio». Así lo ha determinado la justicia vasca en una sentencia que es firme después de que la Administración vasca haya renunciado a seguir litigando. El fallo ya ha sido notificado a la Academia Vasca de Policía y Emergencias, que ahora tendrá que readmitir a los aspirantes que fueron excluidos del proceso por no acreditar un nivel B2 de lengua vasca.
Es el final de un litigio judicial que ha durado año y medio. En julio de 2021 el Gobierno vasco lanzó una convocatoria para crear una bolsa de policías interinos. Estos agentes se forman en la misma academia que utiliza la Ertzaintza, conocida como la Academia de Arkaute, y una vez superados los cursos, los municipios utilizan esa lista para cubrir sustituciones o vacantes de refuerzo cuando sea necesario. Por lo general la utilizan ayuntamientos vizcaínos y guipuzcoanos.
La sorpresa llegó cuando el Ejecutivo vasco determinó que acreditar un nivel B2 de euskera sería un «requisito de admisión» para participar en la bolsa de trabajo. Según el marco europeo es un nivel «intermedio alto», aunque no basta con demostrar que se domina el idioma; hay que tener, además, un título que así lo acredite. En el caso de la lengua vasca se obtiene cursando el bachillerato en euskera, superando las pruebas pertinentes de la Escuela Oficial de Idiomas o los exámenes que cada año organiza HABE, la Organización para la Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos dependiente del Gobierno vasco.
La sentencia considera que exigiendo ese título se dejaba «fuera» a un porcentaje de la población que «no puede acreditar ese perfil» pero que sí podría «ocupar legalmente determinadas plazas» en las que el conocimiento del euskera no es perceptivo. «No tiene sentido que se excluya a aspirantes que pueden terminar trabajando en pueblos castellano parlantes», ha insistido José Luis Ahedo, responsable foral y local de Servicios Público de UGT.
Convencidos de ello el sindicato UGT recurrió la resolución. Denunció que suponía un «trato discriminatorio» para algunos de los aspirantes ya que era un «obstáculo insalvable en muchos casos. Fuentes sindicales calculan que los aspirantes afectados, y que por tanto ahora tendrán que ser readmitidos, rondaría el centenar.
Ya una primera resolución judicial del mes de julio dio la razón al sindicato y ordenaba la eliminación de ese criterio y la readmisión de los candidatos excluidos. El Gobierno vasco anunció entonces que recurriría ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sin embargo, fuentes sindicales confirman que finalmente han optado por renunciar a seguir con el proceso judicial. Este hecho convierte automáticamente en «firme» la sentencia. Ahora la Academia de Arcaute tiene dos meses para ejecutar la sentencia y acordar el reingreso de las personas que se quedaron fuera por no tener título de euskera.