Alternativas al voto tradicional en tiempos de coronavirus
El riesgo de contagio hace brotar nuevas fórmulas para ejercer el derecho a voto, como la vía «online»
Como no podía ser de otra manera, la pandemia del coronavirus irrumpió en el escenario electoral del País Vasco y Galicia impidiendo a los ciudadanos acudir a las urnas el pasado 5 de abril. El alto riesgo de contagio masivo y las consiguientes medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno obligaron a los partidos a acordar una prórroga de los comicios sin fecha fija, aunque tal y como se supo el pasado viernes, el lendakari, Iñigo Urkullu, sería favorable a celebrarlos en julio . Se convierta o no su petición en realidad, lo cierto es que las futuras elecciones estarán inevitablemente ensombrecidas por el Covid-19.
Es en situaciones como la actual cuando se buscan en la tecnología soluciones para preservar, en la medida de lo posible, la seguridad de los ciudadanos. Una de las herramientas que se están abriendo camino es la referente al voto electrónico, presente ya en procesos electorales de diversos países de Europa. No es el caso de España, que al menos por el momento mantiene la tradición de la papeleta y la urna como garantía de confidencialidad.
La primera duda que surge a la hora de abordar la posibilidad de implantar en España o en las Comunidades Autónomas esta tecnología es de ámbito jurídico: ¿Es legal el voto por internet? «Está en una zona gris», apuntan desde Scytl, una compañía que ha ofrecido ya soluciones de voto electrónico, gestión y modernización electoral en diveresos Estados de EE.UU. Su director de Ingeniería Pre-ventas de Europa, Víctor Hidalgo, recuerda que el territorio se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que data de 1985 y que no pudo «prever que existiría este canal» .
«Siendo puristas, es una vía no autorizada, pero estamos en una especie de limbo legal que no prohíbe específicamente el voto electrónico», argumenta. En este sentido, añade que a nivel legal «habría que ver cómo se puede permitir una excepción como esta, que requiere un cambio en la legislación».
Más participación
Hidalgo defiende las ventajas de este tipo de herramientas. La primera de ellas afecta a la participación, que según afirma se incrementaría notablemente al añadir un nuevo canal de voto. Especialmente la de los ciudadanos que se encuentran en el extranjero -en las generales de abril solo votó el 5,6% de los censados fuera de España-, así como la de personas con discapacidades que no puedan trasladarse hasta los colegios electorales. Más allá de la «comodidad» de ejercer el derecho al sufragio desde casa, el directivo de Scytl argumenta que el voto en línea permitiría reducir costes. Tal vez no «en una primera fase», advierte Hidalgo, pero sí a medida que se vaya reduciendo el peso del papel en el proceso electoral.
Los valedores del voto a través de la Red deben sortear sin embargo un obstáculo importante: el de la ciberseguridad Según Hidaglo, existen dos requisitos «antagónicos» a la hora de orquestar unas elecciones «online», pues por un lado hay que permitir que vote únicamente la gente que está en el censo y que lo haga una sola vez, pero también es importante que esa labor se produzca de forma secreta. «Conjugar esos dos requisitos es difícil, pero tenemos soluciones para ello», señala.
En este sentido, asevera que es posible «demostrar con auditorías», también de terceros, la seguridad del voto electrónico: «Hasta un candidato que ha perdido puede traer a su propio perito que demuestre que no ha habido manipulación», explica.
A nivel global
Este tipo de soluciones se han implementado en países como Estonia, Canadá o algunos cantones suizos. En Francia se permite el voto electrónico para los que residen en el extranjero, mientras que en Australia utilizan esta vía para garantizar el derecho de personas con discapacidades. Algunas Comunidades en España también han planteado esta posibilidad, incluido el País Vasco, que tiene implantado el sistema Demotek para procesos electorales con listas de candidatos cerradas y bloqueadas, así como para cualquier referendo o consulta popular.
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