El Parlamento insta al Gobierno vasco a llevar a la Fiscalía el fraude de los comedores escolares

Ocho empresas pactaron precios de los menús en la escuela pública durante al menos una década, según la AVC

El lendakari Iñigo Urkullu y la consejera de Educación, Cristina Uriarte, en una imagen de archivo EFE

P. P.

El Parlamento de Vitoria ha aprobado una moción, pactada por PNV, PSE y Bilud, que « insta al Gobierno vasco a que ponga en conocimiento de la Fiscalía la resolución del expediente 6/2013 de la Autoridad Vasca de la Competencia, Comedores Escolares, a fin de que valore si se pueden derivar responsabilidades penales». Dicha resolución impuso una multa récord de 18 millones de euros a 8 empresas de cátering por llevar a cabo, al menos entre 2003 y 2014, de un reparto concertado de los lotes del servicio de comedores de los colegios públicos.

La cámara, a través de la moción, también insta al ejecutivo «a que estudie si se ha producido un daño patrimonial y, en su caso, los servicios jurídicos inicien cuantas acciones legales sean necesarias para resarcir a las arcas públicas de los daños y perjuicios causados »; así como a «intensificar los trabajos con los diferentes agentes implicados, para que durante el contrato vigente analicen y decidan los pasos a dar con el objetivo último de adecuar el modelo de gestión de los comedores de modo que, en su caso, cada centro público pueda elegir la forma de gestionar su comedor».

No han salido adelante, sin embargo, las mociones presentadas por PP y UPyD. En el caso de los populares, instaban a modificar el modelo de contratación del servicio público de comedores escolares ; impugnar el último concurso de adjudicación de lotes; solicitar daños y perjuicios a las empresas sancionadas; delimitar y depurar responsabilidades legales políticas; y destinar el dinero recaudado por la AVC a reducir el precio del servicio de comedor público.

Durante el debate, el parlamentario popular Iñaki Oyarzábal ha insistido en que « es imposible que esto pase sin connivencia de los servicios públicos . Pero lo más grave es que el departamento, la propia consejera, aquí nos vino a reconocer que efectivamente, esto que había denunciado la Autoridad de la Competencia había pasado, pero que ya no iba a volver a pasar» porque «habían cambiado las condiciones» con un nuevo contrato.

Para Oyarzábal, el ejecutivo nacionalista « no tiene la más mínima voluntad de llegar al final en este asunto » ni «el más mínimo interés en lo que pasó». «Nos están tomando el pelo, son abogados defensores de estas empresas», ha censurado. Gorka Maneiro, de UPyD, ha criticado que «nunca es responsable de nada el PNV, ni por acción ni por omisión. Dejen de echar la culpa a los demás».

La réplica desde el PNV la ha dado Juan Antonio Arieta-Araunabeña, quien ha atacado a Oyarzábal acusándole de que « no busca la verdad, busca hacer un caso en la mejor tradición fascista ». «Ustedes están llenos de porquería» y reaccionan poniendo el «ventilador», ha arremetido.

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