Las investigaciones sobre abusos sexuales del Obispado de Vizcaya señalan a 14 religiosos

Dos meses después de que el Obispado de Bilbao abriera un b uzón para recoger denuncias sobre presuntos abusos sexuales , el primer informe elaborado por la Comisión de Protección a Menores ha documentado un total de 23 casos . Se incluyen diez denuncias relacionadas con la propia Diócesis vizcaína y otras 13 que afectarían a colegios y centros dependientes de diferentes congregaciones. En total se ha identificado a 14 sacerdotes como presuntos abusadores, aunque, por el momento, se desconoce el número total de afectados porque algunos de los informes agrupan a varias víctimas.

«Para nosotros es muy importante recibir la denuncia y conocer la verdad », aseguraba anoche Carlos Olabarri, el sacerdote que dirige la comisión, en una entrevista concedida a una radio local de Vizcaya, donde hizo públicos estos primeros datos preliminares. También explicó que muchas investigaciones están ya «cerradas» porque los religiosos involucrados, en más de un caso, fallecieron hace un tiempo.

De hecho, esta circunstancia hace que no esté siendo fácil llevar a cabo las pesquisas. «Cuando recibimos una denuncia lo primero que hacemos es una entrevista con la víctima, o todas las que haga falta», ha explicado Olabarri. El problema es que muchas veces las víctimas no recuerdan el nombre del abusador o se refieren a personas ya fallecidas. En estos casos se están viendo obligados a indagar en los archivos de las entidades denunciadas para tratar de identificarles. También recurren a fotografías antiguas y tratan de hablar con otros religiosos de la época para averiguar si «saben algo o han escuchado algo».

Cuando la denuncia se refiere a hechos ocurridos en instituciones vinculadas a congregaciones religiosas, la investigación excede las competencias de la Diócesis. Es el caso de lo ocurrido en la Casa de la Misericordia de Bilbao , un referente en la historia de la beneficencia de la ciudad, en los años 60 y 70; o las denuncias que se refieren a la década de los 50 en el Seminario de Derio . En este caso la Diócesis ha optado por encargar sendas i nvestigaciones independientes a la Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto.

Olabarri ha reconocido sentir una «gran pena» cada vez que se confirma una de las denuncias. «No tanto porque lo haya hecho un religiosos, sino por lo que han tenido que sufrir las víctimas», ha explicado. En este sentido, aboga por individualizar cada caso y actuar en función de los deseos de los denunciantes. «No me corresponde a mí decidir si tiene que haber algún tipo de compensación económica», ha recalcado al preguntarle por la decisión de Francia y Alemania de aprobar indemnizaciones para las víctimas reconocidas como tal.