Exdirigentes del PNV negocian admitir su culpabilidad en el «caso de Miguel» para reducir sus penas

Este lunes estaba programada la reanudación del juicio por el «caso De Miguel» , que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV de Álava por supuestos cobros de comisiones ilegales. Sin embargo, el tribunal ha anulado la sesión tras aceptar la solicitud de la acusación de suspender el procedimiento hasta el 1 de octubre . Por delante, dos semanas para que la Fiscalía trate de alcanzar un acuerdo con las defensas para reducir las condenas solicitadas. Si los implicados asumen su culpabilidad verán reducida la dimensión de sus condenas, que en algunos casos superan los 54 años de cárcel .

Esa es la pena que la Fiscalía había solicitado hasta la fecha para el exdiputado foral de Administración Local de Álava Alfredo de Miguel, el presunto cabecilla de una sociedad fantasma destinada a cobrar comisiones de forma irregular a cambio de adjudicaciones públicas. Asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias son solo algunos de los delitos que se le imputan al dirigente nacionalista, que supuestamente se sirvió de la ayuda del exjuntero alavés Aitor Tellería, el excontable del Parque Tecnológico de Miñano Koldo Ochandiano y sus respectivas esposas, Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia.

En total, en la Audiencia de Álava se juzga a 26 individuos que de alguna forma habrían intervenido en la compañía de De Miguel, Kataia Consulting, y el cobro de en torno a 600.000 euros mediante comisiones ilegales . Operaciones que generaron en las arcas públicas un cercano de 260.000 euros.

El tribunal ha aceptado ahora la suspensión del juicio por un plazo de 15 días para que acusación y defensas puedan alcanzar un acuerdo que permita reducir las condenas solicitadas a cambio de que los acusados confiesen su culpabilidad. El pacto podría extenderse a todos los investigados o solo algunos de ellos, de forma que el procedimiento continuaría para aquellos que no acercaran posturas con la Fiscalía. La «tregua» concluirá el próximo 1 de octubre, aunque las partes implicadas podrían reclamar más tiempo para continuar con las negociaciones . El plazo máximo permitido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 30 días.

El Fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, se ha escudado en la «extrema complejidad» de la causa para alargar las conversaciones con la defensa, que se habían iniciado en las últimas jornadas. Al respecto, ha aseverado que siempre es beneficioso «promover este tipo de acuerdos».