La Diputación de Guipúzcoa y 25 empresas de autobuses, investigadas por pacto de precios

La Autoridad Vasca de la Competencia abre expediente ante los «indicios» de un posible reparto de mercado

P. PAZOS

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha anunciado este viernes que abre expediente sancionador a la Diputación Foral de Guipúzcoa, la asociación empresarial de transportes urbanos de esta provincia (AVITRANS) y 25 empresas del sector por «la supuesta realización der prácticas anticompetitivas», ante la «existencia de indicios racionales» de que habrían maniobrado para « repartirse el mercado y acordar los precios del transporte de viajeros por carretera en Guipúzcoa en sus diversas modalidades».

Entre los «afectados», término que emplea la Competencia vasca, figuran, además de empresas como Transportes Pesa, Tolosaldea Bus, Unitravel, Herribus o Goierribus, Eusko Trenbideak, que depende del Gobierno vasco , o la compañía del tranvía eléctrico de San Sebastián a Tolosa.

« La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la AVC , dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados», indica este organismo en una nota de prensa. «Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el Programa de Clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la AVC su detección».

La AVC especifica que decidió abrir el expediente «tras las inspecciones efectuadas el pasado diciembre en varias empresas del sector del transporte de viajeros por carretera», si bien matiza que «los indicios de la posible infracción» que «motivan la incoación de este expediente y la calificación que se especifica son de carácter provisional , sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del mismo».

Añade que «la incoación de un expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, manteniéndose el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente».

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