La Diputación de Álava sospechaba de la prostitución de menores en Sansoheta desde abril
La Ertzaintza ha detenido a cinco personas más por su supuesta vinculación a la trama
El diputado general de Álava, Ramiro González , reconoció este lunes que el pasado mes de abril la Diputación foral recibió una denuncia sobre la posible realización de «actividades de prostitución» en Sansoheta , el centro de menores que tiene a su cargo. Además, añadió que tanto la Policía vasca, la Ertzaintza, como la Fiscalía eran conscientes de dicha información .
Según el dirigente nacionalista, las autoridades recibieron en abril una denuncia de la madre de uno de los adolescentes que afirmó tener sospechas de la existencia de «posibles contactos sexuales» en el centro. La Policía Local contactó con el Servicio de Menores de la Diputación para recabar información y envió a la Fiscalía la demanda.
La denuncia, sin embargo, no prosperó , pues no pudieron comprobar las sospechas.
González exculpó a su vez a su compañera Beatriz Artolazabal , quien, según él, no estaba al tanto de la situación. La diputada de Servicios Sociales anunció el pasado sábado ante los medios de comunicación que la entidad foral había presentado el 6 de octubre una denuncia ante la Policía autonómica tras tener indicios de que se podía estar dando un caso de prostitución de menores en el centro. Sin embargo, no dijo nada acerca de la acusación que hubo en abril.
El diputado general explicó que los técnicos del área de menores no dieron a conocer a Artolazabal la existencia de la denuncia previa, motivo por el cual no podía saber qué estaba pasando en realidad en el centro.
Ocho implicados
Si bien en un principio se afirmó que había cinco menores de entre 14 y 17 años implicados en el caso, las últimas investigaciones han revelado que finalmente podría tratarse de ocho . Además, la Ertzaintza ha detenido a cinco personas más como presuntos responsables de la trama. Estas nuevas detenciones se suman a la de un psicólogo no vinculado a Sanshoeta que ya ha ingresado en prisión.
En referencia a este último, González señaló que era trabajador de una empresa contratada por el Ayuntamiento y que, una vez tuvieron constancia de que estaba siendo investigado, contactaron de urgencia con sus responsables para pedir que no estuviera nunca solo en sus contactos con las familias y los adolescentes a los que atendía.
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