Cuando el Gobierno vasco rechazó la ayuda del Ejército en la crisis de Zaldívar
La Delegación del Gobierno ofreció su colaboración en las horas posteriores al desastre
Uno de los temas que se han puesto sobre la mesa en la sesión de la Diputación Permanente celebrada esta mañana en el Parlamento vasco ha sido la del ofrecimiento de ayuda por parte de la Delegación del Gobierno tras derrumbarse el vertedero de Zaldívar (Vizcaya) el pasado 6 de febrero. La pregunta la ha formulado el presidente del PP autonómico, Alfonso Alonso, que concretamente ha interpelado al Ejecutivo sobre su decisión de declinar el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército. La cuestión, sin embargo, se ha diluido entre la comparecencia del lendakari, Iñigo Urkullu.
Ha sido una de las decisiones más polémicas del Gobierno vasco en es la crisis del vertedero, que hace casi dos semanas sepultó a dos de sus trabajadores en la AP-8. Según avanzó El Correo y pudo confirmar este periódico, horas después de tener conocimiento de la tragedia la delegación del Gobierno, entonces dirigida por Jesús Loza —que días después fue sustituido por Denis Itxaso—, se puso en contacto con el Ejecutivo para ofrecerle su colaboración en la búsqueda de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán .
La administración central pudo poner al servicio de la vasca la Unidad Militar de Emergencias (UME), destinada a «contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos» en los supuestos de «grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas». Pese a que sí dispuso de un helicóptero del servicio de emergencias de Cantabria, el Gobierno vasco declinó en las primeras horas más ayuda externa.
Desde el Ejecutivo autonómico informaron de que, en efecto, el Gobierno se puso en contacto «como cada vez que hay un incidente» para interesarse sobre la situación. Según la versión del viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, lo que se hizo fue un «ofrecimiento general» por si se necesitaba «algo» .
Una ayuda que se rechazó porque se consideró que el problema no era de falta de efectivos: «Por mucho que se traigan 200 personas y excavadoras, no podrán entrar», alegó Zubiaga. La administración vasca insistió en que primero había que estabilizar la ladera antes de trabajar con los residuos tóxicos.
