Condenado a 7 años de prisión y 3,1 millones de multa el exsenador del PNV Víctor Bravo

El juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián ha condenado a siete años de cárcel al exsenador del PNV Víctor Bravo como responsable de tres delitos fiscales en el marco del «caso Glass Costa Este Salou». Asimismo, el que también fuera director de la Hacienda de Guipúzcoa deberá abonar una multa de 3,1 millones de euros e indemnizar a la Agencia Tributaria con otros 1,5 millones «conjunta y solidariamente» con el segundo procesado, Fernando Isidoro González. La sala considera probado que ambos planificaron una estrategia para que la compañía Glass Costa se beneficiara de incentivos y ventajas fiscales que ofrecía el régimen foral de Guipúzcoa a pesar de que la gestión administrativa y la dirección de dicha sociedad estaba en Cataluña.

Culmina de esta forma un procedimiento que tiene su origen en el 2009, año en el que la Fiscalía presentó su denuncia contra Bravo y González. El exsenador nacionalista ya se había visto salpicado poco antes por otro escándalo en la Hacienda de Irún en el que también estuvo implicado su hermano José María, quien sería condenado a diez años de cárcel. Las Juntas Generales de Guipúzcoa llegaron a acusar al del PNV de convertir en un «coladero» al territorio mediante una serie de actividades que aportaron «muy poca cosa» a su economía.

Más de una década después de que se iniciara el proceso del «caso Glass Costa Este Salou», la juez ha dado su veredicto. Según consta en la sentencia que hizo pública la tarde de ayer el Poder Judicial, se considera probado que tanto Bravo como González, administrador de la sociedad Glass Costa, se las arreglaron para que esta se acogiera al régimen especial guipuzcoano de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE) a pesar de que la citada compañía no realizaba actividad alguna en este territorio sino en Cataluña.

En este sentido, la sala estima que la fijación de un domicilio fiscal de la empresa en Guipúzcoa «fue ficticia y no se correspondía con la realidad», dado que en este territorio «no estaban la gestión administrativa ni la dirección de sus negocios». «No tenía trabajadores, ni inmovilizado material», reza la sentencia. Tampoco se hallaron libros de contabilidad, ni facturas, ni aperturas de cuentas corrientes. En definitiva, «nunca llevó a cabo promoción inmobiliaria ni construcción alguna en Guipúzcoa».

A pesar de ello, a esta sociedad se le concedieron las ventajas especiales de Guipúzcoa en un momento en el que Bravo era director del departamento foral de Hacienda.

El exsenador del PNV, que ejerció el derecho a defenderse a sí mismo durante el juicio —es abogado de profesión—, ha sido condenado finalmente a penas que suman siete años de cárcel como autor a título de cooperador necesario de tres delitos contra la Hacienda Pública. La condena es de once meses y 29 días para el administrador de la sociedad, Fernando Isidoro González.