Competencia investiga si el grupo de residencias DomusVi cobra comisiones a cambio de recomendar una funeraria concreta
Según el Parlamento Vasco podría haber cobrado «hasta 700 euros» por cada paciente fallecido que derivaba a la funeraria
La investigación surgió hace seis meses a petición del Gobierno Vasco. Según consta en el diario de sesiones de la reunión que celebró la Comisión de Comercio, Consumo y Turismo el pasado 8 de junio, los parlamentarios tenían sospechas de que la empresa gestora de residencias DomusVi estuviera actuando como «comisionista» para el grupo funerario Mémora .
Según explicó la parlamentaria Itxaso Etxeberria, la compañía tenía desde 2015 un contrato con la citada funeraria que se renovó en 2018. «Si en el primer contrato se planteaba el pago de la comisión como una contraprestación a cambio de que DomusVi comunicase al a familia del fallecido los datos de la empresa Mémora», explica, en un segundo acuerdo también se incluía una cantidad «por la cesión del espacio». Esta misma parlamentaria cifraba en « hasta 700 euros » la cantidad que la empresa gestora de la residencia podía llegar a cobrar por cada persona fallecida en sus residencias que contrataba los servicios de la citada funeraria, algo que consideraba «un precio astronómico».
En esa reunión el Parlamento Vasco aprobó una Proposición no de Ley impulsada por los socios de Gobierno, PNV y PSE, que instaba a la Autoridad Vasca de la Competencia a abrir una investigación. Desde la cámara de Vitoria recordaban que la Ley de Defensa de la Competencia «prohíbe» todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, así como práctica concertada, «consciente o inconscientemente paralela», que busque «impedir, restringir o falsear la competencia» del mercado. Algo, que los parlamentarios sospechaban que se podía estar produciendo en este caso.
Fuentes de la Autoridad Vasca de la Competencia confirman a ABC que una vez recibido el encargo del Parlamento abrieron las investigaciones pertinentes . Sin embargo, se trata de un grupo empresarial que gestiona unos 200 centros en toda España, entre residencias y centros de día, de los que 15 estarían en el País Vasco. Lo lógico en estos casos es elevar la investigación a la C omisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) que ya habría abierto un expediente. Dese la agencia vasca ni confirman ni desmienten este extremo por ser información, de momento confidencial, pero aseguran que las pesquisas siguen adelante.
El grupo de residencias DomusVí , no ha querido corroborar a este periódico si han tenido o no constancia de la investigación abierta por competencia. Reconocen que cuentan con acuerdos de cooperación con diferentes agentes del sector funerario, que, según explican en un comunicado, se han realizado con la voluntad de «ser el mejor apoyo a las familias en momentos de alta vulnerabilidad».
Según explican desde la compañía, su colaboración se limita a ejercer de «intermediario» entre las empresas y las familias con el objetivo además de «facilitarles un trámite que puede resultar complejo». Aseguran además que esta intermediación «siempre» se hace con su previo consentimiento de las familias y que DomusVi se «desvincula» del proceso y del contrato que finalmente firmen las familias. «Ninguna de estas colaboraciones individuales interfiere con el derecho a elegir», concluyen.