La Comisión de víctimas policiales del País Vasco no actuará si hay una causa judicial
El Gobierno ha recibido más de 200 solicitudes de reparación e indemnización
El Ejecutivo vasco dio ayer un nuevo paso hacia la aprobación de la llamada ley de abusos policiales , mediante la que se investigarán los excesos que pudieran haberse perpetrado entre 1978 y 1999. Concretamente se dio luz verde al decreto que regula el funcionamiento de una Comisión de Valoración, encargada de analizar y resolver las solicitudes. El Consejo de Gobierno acordó, entre otros principios, que este órgano no podrá actuar si el caso se encuentra inmerso en una causa judicial .
El citado decreto, previsto en la disposición adicional séptima de la ley, determina la forma de actuación de la Comisión de Valoración, que en última instancia decidirá si una persona ha visto vulnerados sus derechos humanos «en el contexto de la violencia de motivación política» . En caso de que se tratara de una víctima, se procedería a efectuar «las medidas de reparación» correspondientes, informaron desde el Ejecutivo.
El decreto incluye de esta forma las obligaciones que atañen a dicha Comisión. Principalmente, se deberá garantizar que en ningún caso se produce invasión de la función jurisdiccional. Por otro lado, en aquellos casos en los que este órgano tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas «se deberá suspender la tramitación del procedimiento» .
El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández , explicó ayer en rueda de prensa que los miembros de la Comisión de Valoración, que iniciarán ahora sus trabajos, tendrán que suscribir un compromiso de confidencialidad previo al acceso a los expedientes.
El mismo Fernández informó de que el Gobierno ha recibido más de 200 solicitudes de reparación e indemnización. Hay además otro centenar de casos de supuestos abusos cometidos entre 1960 y 1978 que quedaron fuera de la anterior convocatoria y que también serán analizados.
Seguridad jurídica
La tramitación de la ley de abusos sigue adelante a pesar de que fue recurrida por PP y Ciudadanos ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite ambas iniciativas. Esto no supone la suspensión cautelar de la norma, que bajo el punto de vista de Fernández posee suficiente seguridad jurídica después de que el Parlamento de Vitoria se viera obligado a modificarla en 2016.
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