Una asociación «okupa» lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Bilbao
Los demandantes reclaman que se declare nulo un desalojo llevado a cabo por el Consistorio el pasado noviembre
Los afectados por el desalojo del centro «okupa» Etxarri , situado en el distrito bilbaíno de Recalde, han presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de la capital vizcaína, al que acusan de haber actuado de forma «ilegal». Los hechos se sucedieron el pasado 30 de noviembre, cuando el Consistorio precintó el edificio «por incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad para realizar su actividad». Ahora, la organización reclama la nulidad de la intervención municipal.
En un comunicado, la Oficina de Okupación de Bilbao ha informado de que la denuncia se interpuso el pasado 16 de enero ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. En ella, reclamaban la declaración de nulidad de la actuación del Ayuntamiento «por constituir una clara extralimitación de las potestades que, por las leyes y otras normas, tiene encomendadas». A su vez, ha tildado de «vergonzosas» las explicaciones del concejal de Planificación Urbana, Asier Abunza , pues denuncia que la asamblea de Etxarri «se ha mostrado dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para reconducir la situación» desde que se inició el expediente.
Por esta razón, añade, la «sorpresa fue mayúscula» cuando la Policía se presentó en el centro «dispuesta a desalojarlo». A su parecer, «el hecho de que el Servicio de Mediación ni siquiera tuviera conocimiento de dicha actuación solo demuestra el poco valor que desde el Ayuntamiento se le da a esta vía, privándola de toda capacidad de gestión y decisión ». Además, destaca que dicha conducta «se vuelve más grave aún» si se tiene en cuenta que el inmueble «no es de titularidad municipal, sino que pertenece aun ente privado que, si quisiera, podría recuperarlo incoando los procedimientos oportunos, sin necesidad de poner los recursos públicos a su servicio».
«El hecho de que un organismo público como es el Ayuntamiento de Bilbao realice un desalojo con absoluto desprecio por el procedimiento legal establecido constituye un hecho gravísimo desde el punto de vista jurídico», ha aseverado.
En esta línea, ha subrayado que, «okupado o no, el edificio y las personas que lo utilizan deben tener las mismas garantías legales que el resto de ciudadanos », y ha mostrado su esperanza por que los tribunales «le aclaren al Ayuntamiento que no todo vale contra un edificio "okupado" » y que la asamblea de Etxarri pueda recuperar un edificio «en el que tantos proyectos se desarrollaban y del que han sido despojados ilegalmente».
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