La Ley de Aportaciones ha costado más de 300 millones de euros a los alaveses

El PP ha exigido al PNV una mayor equidad en el reparto de las contribuciones al País Vasco

Javier de Andrés ha exigido al PNV una reforma de la Ley de Aportaciones EFE
Adrián Mateos

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La Ley de Aportaciones , que desde 2007 regula las contribuciones a la Comunidad Autónoma de las distintas diputaciones forales en el País Vasco, ha costado a Álava 1.026.175 millones de euros. Una parte sustancial de dicho importe habría sido dedicado a la financiación de las entidades locales, que a causa de la normativa actual han dejado de embolsarse alrededor de 307 millones de euros en los últimos nueve años.

Así lo ha denunciado el presidente del Partido Popular de Álava, Javier de Andrés , en el pleno de control del parlamento foral celebrado este miércoles. A su vez, ha abogado por una mayor equidad en el reparto de las aportaciones y ha exigido al PNV que reforme la Ley , cuya actualización se lleva prorrogando desde 2011 y que ha costado a la ciudadanía de la provincia un importe equivalente a diecisiete presupuestos anuales de medio ambiente .

De Andrés ha incidido en que, solo este año, los alaveses han perdido 76 millones de euros «porque el PNV se ha obstinado en no cambiar la norma ». Un enroque que tiene la intención de «favorecer a aquellos que se benefician con la situación actual », por lo que los nacionalistas, ha asegurado el dirigente popular, están incurriendo «en un acto voluntario de retraso de la ley » algo que en el ámbito privado «no pasaría un filtro judicial».

Por último, ha pedido una compensación por esta «demora injustificada» que está haciendo que la provincia aporte un 16% más que Vizcaya y un 10% más que Guipúzcoa, lo que implica que un alavés pague al año 648 euros más que un vizcaíno y 418 euros más que un guipuzcoano .

Por su parte, el diputado de PNV Ramiro González ha acusado a De Andrés de «manipular» los datos y ha recordado que en la pasada legislatura PP y Eh Bildu fueron incapaces de llegar a un acuerdo para renovar la Ley a pesar de que gobernaban, respectivamente, en Álava y Guipúzcoa.

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