Uno de los acusados por el fraude de Iruña-Veleia admite su culpa para evitar la cárcel

Uno de los tres acusados de falsificar grafitos en el yacimiento de Iruña-Veleia, en Álava, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que le permitirá eludir la cárcel. Se trata de Oscar Escribano , el colaborador del presunto cabecilla del fraude, Eliseo Gil, que ha aceptado su culpa a cambio de un año de prisión como autor de un delito contra el patrimonio . Además, deberá pagar una multa de 2.232 euros e indemnizar con otros 600 al Gobierno vasco y a la Diputación de Álava.

Escribano ha admitido que utilizó un punzón para rayar las piezas como parte de «una broma» . «Estoy contento de haber llegado a un acuerdo manteniendo lo que dije desde un principio y ponerle punto y final a este dilatado y duro proceso para poder seguir adelante con mi vida», ha dicho en un comunicado.

El acuerdo lo ha anunciado el Ministerio Público en la sesión que hoy acoge el juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria, donde se celebra el juicio por las presuntas falsificaciones que Gil y Escribano realizaron a cientos de restos arqueológicos del yacimiento de Iruña-Veleia para, según la Fiscalía, dotarlos de un «pretendido valor histórico-cultural-religioso que no tenían». Dicho descubrimiento fue anunciado en 2006 como un acontecimiento de «trascendencia mundial», principalmente porque adelantaba varios siglos el surgimiento del euskera y del Cristianismo.

Además de Gil, exdirector del yacimiento; y de Escribano, su colaborador; en el banquillo de los acusados se sienta una tercera persona: Rubén Cerdán , un falso físico nuclear al que se le encargaron informes científicos que avalaran la veracidad de los grafitos.

Por su parte, Gil ha insistido esta mañana en que defenderá durante el juicio su inocencia. En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a los juzgados, el que fuera director del yacimiento de Iruña-Veleia se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento privado. La Diputación de Álava eleva la pena hasta los siete años y medio. Para el tercer acusado, el Ministerio Público pide dos años y seis meses de cárcel.