Las seis noticias imprescindibles de este lunes
1.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá al Congreso de los Diputados que se aborde una reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos . Se trataría de un formato de reforma «exprés», ya que Sánchez ha asegurado que el cambio constitucional podría estar listo antes de que acabe el año porque «si hay altura política entraría en vigor en tan solo 60 días» . La idea del Gobierno es que afecte a cargos públicos para las cuestiones que no tengan que ver con el ejercicio de sus funciones. Fuentes del Gobierno aseguran que quieren llevar el próximo viernes su propuesta al Consejo de Ministros, y que precisan de dos informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez ha demandado «el respaldo del conjunto de la cámara», en un movimiento político con el que busca superar su peor semana desde que llegó al Gobierno tras la publicación de las irregularidades en la elaboración de su tesis. El presidente sabe que con esta propuesta tensa a todos sus rivales políticos. Y lo hace después de que el PSOE haya tenido un discurso cambiante con este asunto en los últimos años.
2.- La presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach , se ha sumado a la larga lista de una cuarentena de cargos, trabajadores públicos y empresarios imputados por colaborar en los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre del año pasado. El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que se encarga de esta causa, la ha citado para declarar en calidad de investigada a principios de octubre por la difusión de los anuncios institucionales de la consulta ilegal en los medios públicos catalanes, TV3 y Catalunya Ràdio, según confirmaron fuentes judiciales. El anuncio, que se emitió dentro de la campaña «Civisme» con el logotipo de la Generalitat, mostraba unas vías de tren que se bifurcaban con el eslogan: «Has nacido con la capacidad de decidir, ¿renunciarás?».
3.- El juez encargado de pronunciarse sobre la petición de extradición a España del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas —Valtonyc— ha decidido este lunes no ponerlo finalmente a disposición de las autoridades españolas. Esta decisión, que le permitirá seguir huido de la justicia española, ha provocado la respuesta de la Fiscalía de Gante (Bélgica), que ya ha anunciado que recurrirá. Cabe recordar que el artista isleño, que se encuentra huido en Bélgica desde mayo de este año, fue condenado por la Audiencia Nacional en febrero de 2017 a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas. La pena por el primer delito fue de dos años de prisión, la del segundo ascendió a un año y la del tercero fue de seis meses. Los abogados del cantante esperaban inicialmente que no se tuvieran en cuenta el delito de enaltecimiento del terrorismo ni el de injurias graves a la Corona, y que el rapero fuera extraditado al final únicamente por el delito de amenazas. Sin embargo, el magistrado ha tomado la decisión de no extraditarlo, al determinar la falta de doble incriminación —en España y en Bélgica— en los tres delitos.
4.- El primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orban , reiteró este lunes que su Gobierno planea demandar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el voto del Parlamento Europeo a favor de sancionar al país por violación del Estado de derecho. «Hungría planea dar pasos legales en este caso», dijo Orban en el Parlamento en el primer día de la sesión de otoño, sin dar más precisiones. El Parlamento Europeo (PE) votó la semana pasada iniciar un proceso para sancionar al país centroeuropeo por violación del Estado de derecho , a raíz de un informe que critica la situación de la libertad de prensa, la falta de independencia del poder judicial, la discriminación de las minorías y el trato de los refugiados por parte de Hungría. Orbán calificó ese informe de «colección de mentiras» y dijo que es un «ataque porque el pueblo húngaro ha decidido no convertir (a Hungría) en un país de inmigración». El primer ministro nacionalista húngaro ha reiterado varias veces en los últimos meses que Europa se divide en dos partes, una a favor de la inmigración y otra que se opone.
5.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado 'luz verde' al que será primer servicio ferroviario de Alta Velocidad privado que operará en España en competencia con Renfe, un servicio promovido por Ilsa, una firma controlada por Air Nostrum. Se trata de una conexión internacional entre Madrid y Montpellier que, no obstante, realizará paradas nacionales con lo que, en la práctica, podrá ofrecer viajes entre Madrid y Barcelona, uno de los corredores con mayor tránsito de viajeros . El 'superregulador' ha dado vía libre a este servicio tras constatar que la oferta global que plantea cumple los requisitos para ser considerado como tráfico internacional, el único de transporte ferroviario de viajeros que actualmente está liberalizado. La apertura a la competencia del tráfico nacional está prevista para finales de 2020. Así, la CNMC asegura haber constatado que al menos el 30% de los viajeros del AVE Madrid-Montpellier de Air Nostrum realizarán trayectos entre los dos países, y que al menos el 20% de su recorrido es fuera de España, tal como establecen las directivas europeas para considerar un tráfico como internacional.
6.- La Congregación para la Doctrina de la Fe reconoce como probados los abusos sexuales denunciados por un ex alumno en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria , cometidos entre 1981 y 1984, y le condena a la pena canónica de privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante diez años, residiendo en un monasterio o convento fuera de la Diócesis de Astorga, según lo anunció este lunes el obispo, Juan Antonio Menéndez . Tras ese periodo, la sentencia determina que el sacerdote José Manuel R.G. podrá volver a la Diócesis para residir en la casa sacerdotal y sólo podrá celebrar la Educaristía fuera de ella con autorización expresa. Se trata, según el prelado, de una pena «muy dura» -la máxima sería la expulsión del estado clerical-. La víctima presentó la denuncia en febrero de 2017, 35 años después, con lo que penalmente los hechos están prescritos. El sacerdote, detalló el obispo, «no aclaró ni reconoció explícitamente los hechos pero todas las circunstancias que concurrían concluyeron que había una altísima certeza moral de que esto había ocurrido».
