POLÍTICA AUTONÓMICA

Transferida la competencia sanitaria penitenciaria

El ministro Iceta y la presidenta de Navarra María Chivite han firmado el documento definitivo

En la reunión técnica previa se han planteado nuevas propuestas dentro de las competencias actuales de la Comunidad foral

El consejero Santos, junto con el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente Cuenca, en la reunión celebrada hoy entre las dos Administraciones. G.N.

G.Santamaría

El ministro de Política Territorial Miquel Iceta, la presidenta de Navarra, María Chivite y el vicepresidente Javier Remírez, han defendido, en voz de Chivite, el acercamiento de las políticas entre Estado y Comunidad foral, en este caso con la firma de las competencias en sanidad penitenciaria y próximamente en las competencias de tráfico. Chivite ha afirmado que se avanza así en el autogobierno dede el respeto al resto de comunidades y al estado descentralizado, "desde el diálogo y la colaboración, con todos los niveles de administración y con todos los estados".

Chivite ha indicado a Iceta que Navarra seguirá trabajando por el autogobierno. El ministro ha expresado su satisfacción por el traspaso de la competencia sanitaria de penitenciaria que solo tienen Cataluña y País Vasco y calificó esta situación de "entrar en ese equipo de primera división" y ha animado a otras autonomías a ir adoptando estas competencias para acercar la gestión y la atención en este caso a las personas que están en la cárcel.

Tanto Iceta como Chivite han insistido en que hacía 20 años que no se había reunido la junta de transfarencias. Así ha recordado el tras paso de tráfico "que acordaron Sanz y Aznar" y ha negado que la Guardia Civil vaya a desaparecer de Navarra donde hay 1.500 agentes y sólo 200 se dedican a competencias de tráfico. Iceta ha añadido que también en breve se hará el traspaso de la s competencias del ingreso mínimo vital. Ha apostado finalmente por el autogobierno. Sobre las competencians penitenciarias al País Vasco , indicó que está recogido en las leyes, como en el caso de Navarra y que, si el traspaso al País Vasco no se hizo antes "todos sabemos porqué ha sido".

Iceta ha apuntado que la valoración económica del coste de las competencias es un freno para las comunidades autónomas, pero esto, ha añadido que estaba previsto desde el año 2003 y que hay que culminar la trasnferencia en sanidad con la competencia en sanidad penitenciaria. En el caso del traspaso de tráfico a Navarra ha indicado que hay que ajustar flecos, ver cuando se jubilan unos y otros, quienes quieren quedarse y quienes no. En cuanto a fechas, h a apuntado que el Gobierno foral está analizando la propuesta del Estado y espera que se cierre cuanto antes.

El traspaso del ingreso mínimo vital ha apuntado Iceta que costará más porque hay m ás diferencias por parte de Navarra sobre la propuesta del Estado.

El vicepresidente de Navarra, Javier Remírez, ha ratificado las palabras del ministro y de la presidenta y ha apuntado que la Comunidad foral no sólo valora el coste económico de esos traspasos de competencias, sino la proximidad de los servicios, de la gestión.

Reunión técnica

Previamente a la rueda de prensa del ministro y de la presidenta María Chivite , los técnicos y cargos de Navarra y el Estado han mantenido, este miércoles, una reunión de trabajo en la que han reafirmado su “estrecha colaboración” en materia de E jecución Penal y Justicia Restaurativa ; y su “plena sintonía” para lograr un sistema penitenciario más humano.

Así lo han expresado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Eduardo Santos, y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente Cuenca . Por parte de la Administración Foral, ha participado también en la reunión el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas .

En fechas recientes, se han formalizado convenios entre las dos partes, que regulan, entre otras cuestiones, el programa de Diálogos Restaurativos , que se va a llevar a cabo en el centro penitenciario de Pamplona , o el programa terapéutico para quienes cumplen condena por agresiones sexuales.

Unos convenios que vienen guiados por el convencimiento de ambas administraciones de que “la Ejecución Penal tiene como objetivo último, por mandato constitucional y por absoluto convencimiento humano, la reinserción de las personas que son condenadas”.

Además, desde el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia se han planteado a Miguel Ángel Vicente Cuenca nuevas propuestas de colaboración, dentro de las competencias actuales de Navarra en Ejecución Penal, y que vienen marcadas por el documento de Líneas Estratégicas para un modelo navarro que se presentó el pasado mes de febrero. Entre otras cuestiones, se ha planteado la posibilidad de potenciar tanto el tercer grado, en el centro penitenciario de Pamplona , como las penas no privativas de libertad (los trabajos en beneficio de la comunidad, o TBCs).

Ambas administraciones coinciden en la necesidad de explorar todo el potencial de estas vías de trabajo, por lo que seguirán complementando esfuerzos en estas líneas. Desde el Gobierno de Navarra , por ejemplo, el consejero Santos ha informado a Miguel Ángel Vicente de la ronda de encuentros que viene manteniendo con alcaldes y alcaldesas de diferentes localidades, y en las que está encontrando “buena receptividad” al planteamiento de que las entidades locales ofrezcan trabajos en beneficios de la comunidad a través del Servicio Navarro de Ejecución Penal .

En relación a la asunción de competencias de sanidad penitenciaria, es la Dirección General de Justicia la que está realizando la coordinación interdepartamental e interinstitucional que asegure que esta histórica asunción de la transferencia redunde en una atención médica integral de las personas presas.

Por ello, el consejero Santos ha detallado las acciones que han comenzado a implementarse para cumplir con el mandato que la Junta de Transferencias realizaba en su acuerdo: que la asistencia sanitaria penitenciaria implique actuaciones de carácter médico legal establecidas en la legislación penitenciaria, así como coordinación entre lo judicial y lo sanitario.

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