El Parlamento promueve una ley para evitar la deslocalización de empresas
Devolver las subvenciones y un recargo económico son algunas de las propuestas
La Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial del Parlamento de Navarra ha aprobado una proposición de Ley Foral a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización, que se plantea tras un año en el que distintas empresas han anunciado su traslado o cierre, ahora en duda, como el de Siemens Gamesa de Aoiz, y más recientemente, Trenasa de Castejón, propiedad de CAF . En ambos casos el Gobierno de Navarra ha apoyado con sus ayudas e inversiones los inicios de estas firmas en la Comunidad Foral.
La proposición de Ley considerará como deslocalización o reducción significativa de la actividad a la merma del personal a menos de la mitad, siempre y cuando afecte al menos a 25 trabajadores, y con el fin de garantizar que las subvenciones que reciben las empresas desde el sector público de Navarra sean "para realizar una aportación económica y social al desarrollo de la misma”.
Resulta de aplicación a las empresas con centro de trabajo en Navarra y a las fundaciones y asociaciones que, habiendo obtenido también ayudas del Gobierno, operan en el ámbito empresarial. Se dejan fuera las subvenciones tendentes a fomentar actividades de I+D+i cuya finalidad sea "mejorar la competitividad o la transferencia del conocimiento". Sin perjuicio de que en las bases reguladoras de cada convocatoria el departamento competente pueda establecer las obligaciones que estime oportunas.
Las obligaciones y las limitaciones de las empresas que perciben ayudas se vinculan a la asunción del compromiso de no incurrir en deslocalización, imperativo que el Gobierno deberá recabar mediante su inclusión entre el contenido mínimo de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones. De producirse, la declaración de deslocalización empresarial, que podrá iniciarse en el plazo de los cuatro años siguientes a su consumación, se realizará por Acuerdo del Gobierno, a propuesta del departamento competente.
Reintegro de subvenciones
La declaración de deslocalización empresarial obligará al reintegro de las subvenciones percibidas en los últimos ocho años, con un recargo del 20%, junto al interés de demora, devengado desde la fecha de recepción de cada cantidad. El Gobierno determinará el procedimiento de abono. Para desarrollar la Ley, el Gobierno tiene 6 meses y la normativa tendrá carácter retroactivo, siempre que “la deslocalización se produzca a partir de la entrada en vigor de esta norma y no hayan transcurrido ocho años desde la concesión de la subvención”. El recargo, sin embargo, “sólo se podrá repercutir a las subvenciones que se concedan a partir de la entrada en vigor de la Ley”.
Según se apunta en la exposición de motivos, los procesos de mundialización y globalización de la economía favorecen la deslocalización de empresas que, en su afán de incrementar beneficios, ponen rumbo a Estados caracterizados por “legislaciones laborales poco desarrolladas en materia social, salarios más bajos y normas flexibles en materia de conservación del medio”.
Ante esa tesitura, se concluye que “el Gobierno está obligado a arbitrar los medios necesarios para hacer frente a las consecuencias que esta situación genera. La competitividad pasa por políticas públicas que favorezcan la creación de empleo estable sujeto a condiciones laborales dignas”.
En el transcurso del debate efectuado en Comisión se han aprobado 11 de las 26 enmiendas discutidas (5 de PSN y Geroa Bai y 6 más de estos con Podemos -Ahal Dugu), gran parte de ellas centradas en precisiones técnicas, ordenación del articulado y mejoras técnicas de la redacción, incluida la modificación del título y la exposición de motivos.
Una vez dictaminada, la proposición de Ley Foral sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial será elevada nuevamente a Pleno para su debate y votación definitiva.
