La madre de una víctima del Madrid Arena: «Mi hija se fue a una fiesta y la encontramos en una caja de madera»

Isabel de la Fuente tenía 51 años cuando perdió a su hija Cristina. Mejor dicho, se la arrebataron cruelmente, hace justo una década. A ella y a los padres de las otras cuatro víctimas mortales de la tragedia del Madrid Arena: una chapuza de macrofiesta con el doble del aforo permitido, en un recinto municipal, que estuvo repleta de irregularidades, tanto por parte del promotor, el polémico empresario de la noche Miguel Ángel Flores (Madrid, 1969); como por los servicos de 'seguridad' y sanitarios que contrató; y por los propios responsables del Ayuntamiento de Madrid, que entonces encabezaba Ana Botella (PP).

Acabado el mandato municipal, en 2015, abandonó la política. A raíz de la pésima gestión previa y posterior del suceso, tuvieron que dimitir el concejal de Economía (responsable político del espacio), Pedro Calvo; el vicealcalde (amigo de Flores y de su hermano), Miguel Ángel Villanueva; el delegado de Seguridad, Antonio de Guindos, y la edil de Policía Municipal, Fátima Núñez.

Esta madrugada de Halloween, Isabel acudirá con los amigos de su hija menor a rendirle un discreto homenaje en el árbol en su memoria del madrileño barrio de la Alameda de Osuna, en la zona noreste. Cristina Arce (18) y sus amigas Rocío Oña y Katia Esteban (de la misma edad) murieron aplastadas por la codicia del entonces administrador de la mercantil Diviertt S. L. También en esa montonera humana fallecieron, en días posteriores, Belén Langdon (17) y María Teresa Alonso (20). El 'Thriller Music Park' y su Pasaje del Terror se hicieron carne en aquel vomitorio mortal que solo costó cuatro años de cárcel a Flores, aunque antes comenzó a disfrutar de su tercer grado.

Isabel de la Fuente recibe a ABC en su casa a primeros de octubre. Es la única entrevista que piensa conceder en este décimo aniversario. 'Colchonera' como Cristina, cuyos retratos se reparten por el acogedor salón, sigue teniendo la misma fuerza con la que señaló a los culpables y logró que se cambiara la Ley de Espacios Públicos y Actividades Recreativas (Lepar) de la Comunidad de Madrid. Rememora los minutos previos de la marcha de su hija al concierto del DJ Steve Aoki en el Arena: «Sabía que iba a una fiesta de Halloween, no a ese recinto, aunque habría dado igual si lo hubiese sabido. Aquel día recuerdo que salí muy tarde de trabajar de mi centro de estética de Torrejón de Ardoz. Cristina iba a clases de refuerzo de Matemáticas en una academia y nos vinimos rápido, porque tenía muchísima prisa para arreglarse y marcharse. Estábamos tomando una cerveza mi marido y yo en un bar al lado y nos dijo que se iba. Y se fue para siempre. Se fue. Y a la mañana siguiente la encontramos en una caja de madera».

Fue la peor noche de su vida. No puede olvidar cómo le dieron la trágica noticia: «Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando nos despertó Verónica, mi hija mayor, diciéndonos que había pasado algo en la fiesta donde había ido Cristina, porque le habían enviado WhatsApp todas las amigas y que no la encontraban. Entonces ya nos empezamos a enterar un poco de que había pasado algo. Yo creí que había heridos y fuimos al hospital 12 de octubre. En la UVI había una niña, nos dejaron verla por si era Cristina; pero no, no era ella. Y ya entregamos el DNI de ella, que nos habían dado las amigas, a la Policía. Seguimos recorriendo toda la mañana todos los hospitales donde nos dijeron que había algún herido y ya nos avisó la Policía».

A partir de ahí el dolor. El luto. Una amargura que nunca se va. Ni se irá. En su casa y en las de las otras cuatro familias. Pero también comenzó una lucha, era David contra Goliat. «Es que esto se habría quedado en la vía civil, que era lo que todo el mundo quería. Nunca hemos tenido un apoyo de la Fiscalía. Yo más bien los he visto siempre como de la parte contraria. Querían que esto quedara en una indemnización, y ya está. Y yo le dije a mi abogada que por encima de mi cadáver, que si había alguna opción penal de cárcel, que tenía que ser así. No me entraba en la cabeza eso de tener que esperar no sé cuántos años para un juicio», y recuerda con mucho cariño a su letrada, la combativa María José Siñeriz.

Tenían claro que «no puede ser que una persona haga una tropelía de este tipo, porque todo lo que pudo hacer mal a propósito lo hizo mal», dice, en referencia al promotor, cuyo nombre jamás pronuncia: «Y que te vayas a tu casa tan pichi. No, eso no puede ser. Y por eso también hicimos la campaña de las firmas para cambiar la Lepar, porque era una ley muy debilucha. Este señor cambia de empresa y puede seguir funcionando. Yo lo único que espero es que estén aplicando de verdad la legislación. Tampoco tengo muy claro que lo hagan».

Sobre Simón Viñals, el médico septuagenario de la fiesta y que fue edil en los años 90, no se muerde la lengua: «Ese señor fue lo más repugnante de todo el caso». A él se debe la desgraciada respuesta al jefe de guardia del Samur (servicio que él mismo creó): «Toda la noche atendiendo a borrachos y me traen esto ahora...», en referencia a las fallecidas.

El tesón de Isabel la llevó a sumar a su causa a 500.000 personas, que pusieron su rúbrica para que la Comunidad de Madrid cambiara la normativa. Y lo logró en 2013. La legislación, hasta entonces, contenía importantes vacíos que el nuevo texto trató de completar. Prevención y endurecimiento de las multas son los dos ejes en los que se ha hecho más hincapié. Así, dobla las sanciones en caso de infracciones graves hasta alcanzar los 900.000 euros. Incluso, en función del grado de incumplimiento de las medidas de seguridad, puede conducir al cierre de los establecimientos durante dos años. Además, inhabilita a los empresarios para organizar espectáculos, no sólo en Madrid, sino también en el resto de España, ya que sus nombres se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, para que quede constancia. «De una situación dramática fuimos capaces de reaccionar en lo que a nivel normativo se refiere.

La ley que se aprueba en 2013 introduce sobre todo un marco sancionador que refuerza esa respuesta de los poderes públicos ante los posibles incumplimientos de las medidas de seguridad que pudiesen darse en locales y recintos. En el caso del Madrid Arena, además, la licencia que había en el recinto es multiusos. Eso lo que quiere decir es que no necesita un permiso específico concreto para esa actividad. Ese es uno de los aprendizajes», valora a ABC el director general de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres Hernández.

También se incluyó la posibilidad de activar medidas cautelares. «Para evitar la insolvencia del presunto infractor, nos autorizamos a poder decomisar los ingresos obtenidos de la actividad que pudiera haber tenido ese problema», explica Torres. Y, en cuanto se iniciara el procedimiento sancionador, «se le impide al promotor o a la empresa» realizar espectáculos públicos hasta que, al menos, termine el proceso de investigación.

El último ejemplo del estricto protocolo que se sigue ahora fue el del festival de despedida de Daddy Yankee, el pasado junio. En cuestión de tres días los organizadores cambiaron su ubicación, de la Caja Mágica al Estadio Metropolitano, un recinto acondicionado para celebrar conciertos, pero no tan preparado para un festival. Al hacer el plan de seguridad inicial, la empresa se topó con la dificultad en los accesos, había un túnel de evacuación muy angosto donde podía generarse una avalancha, y por eso se decidió el cambio de ubicación.

Tras la tragedia, el Gobierno de Ana Botella también ordenó cerrar el Palacio de Cristal de la Casa de Campo y el de Congresos del Campo de las Naciones, hasta que se subsanaron los problemas de seguridad. No cumplían la normativa vigente entonces en cuanto a accesos, evacuación o extinción de incendios. Todos han sido reabiertos, salvo el Palacio de Congresos de la Castellana, del Gobierno central, que ha encadenado varios planes fallidos para reflotarlo. El Madrid Arena (hoy, Pabellón Multiusos) sigue siendo de titularidad municipal. Reabrió el 24 de abril de 2013, con mejoras. Pero desde esa fecha está prohibida la realización de macroeventos.

Isabel tiene cierta esperanza: «Ahora ya está todo muchísimo más vigilado y espero que sea de verdad, si alguien intenta lucrarse a cambio de la vida de la gente, que lo pague bien».