La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, investigada por presunta prevaricación
La Asociación por la Verdad Histórica denuncia a la política socialista por no permitirles manifestarse frente al Congreso de los Diputados sobre la Ley de Memoria Democrática, y sí aceptar la concentración de una organización de afín a la izquierda
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tendrá que declarar como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa el próximo 13 de enero a las 11.30 horas, después de que el juzgado de Instrucción número 24 haya admitido a trámite una querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Los motivos de la querella, presentada el 11 de noviembre, son que Mercedes González autorizó en julio la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, pero el día anterior había reubicado una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, los que pudieron concentrarse en el entorno de la plaza de Neptuno y no delante del Congreso.
Para los querellantes, esto fue un «trato privilegiado a las asociaciones memorialistas izquierdistas» y González «actuó para beneficiar a las asociaciones memorialistas que gravitan en torno a las subvenciones públicas del PSOE y con abierta hostilidad hacia la querellante, prueba de que por encima de la neutralidad política que se exige en su cargo ha actuado desde el sectarismo del partido político del PSOE al que pertenece como promotor de la Ley de la Memoria Democrática«.
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En la resolución, a la que ha tenido acceso ABC, el juez expone que los hechos denunciados «hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal«. Por ello, llama a declarar el 13 de enero a la delegada del Gobierno. El auto todavía no es firme y contra él cabe de recurso de reforma en los próximos tres días o de apelación en los próximos cinco días.
