La viuda de una víctima mortal por amianto, contra Metro: «Que paguen por lo que han hecho»
El Juzgado de Instrucción número 23 aplaza a 2020 las declaraciones de los responsables de Salud del suburbano tras una denuncia presentada por la Fiscalía
El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha aplazado a febrero la toma de declaración a las viudas de dos trabajadores de Metro fallecidos a causa del amianto, y de otros tantos afectados, tras solicitarlos la defensa de los siete responsables de Salud de la empresa denunciados por la Fiscalía.
Así lo ha anunciado este lunes la abogada del Sindicato de Maquinistas, Adriana Sobrino , que, en declaraciones ante los Juzgados de Plaza de Castilla, donde se han concentrado sindicalistas de CCOO y Solidaridad Obrera, ha calificado de «estrategia de la defensa» la petición.
Sobrino ha valorado esa táctica de «respetable», aunque ha criticado la decisión de la juez en favor de la «falta de acceso a las actuaciones» alegada por la defensa porque el proceso «se está dilatando de una forma vergonzosa y la gente se está muriendo ». «Hablamos de la vida de personas, hay que tener corazón, ser letrados a la vez que seres humanos», ha apostillado.
La juez ha decidido posponer al próximo año las declaraciones de los perjudicados, una decisión que ya aplicó a los encargados de Salud y Riesgos Laborales denunciados por la Fiscalía, cuyas citaciones, previstas para este mes, se celebrarán en marzo.
El Ministerio Público pide que se les investigue por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones , pues considera que ocultaron a los empleados la exposición al amianto, sin advertirles del peligro que conllevaba ni facilitarles la ropa de trabajo adecuada.
Para Eugenia Martín , esposa de uno de los fallecidos por una enfermedad derivada del amianto, la comparecencia de los empleados afectados puede servir para que los responsables «paguen por lo que han hecho». A su juicio, el caso de su marido refleja la desatención de Metro por los trabajadores, ya que estuvo expuesto desde que comenzó a trabajar en el suburbano en los años ochenta.
«Lo que quiero es, sobre todo, justicia , que se depuren responsabilidades», ha reclamado la mujer de Julián Martín, que murió en octubre del año pasado de cáncer de pulmón tras ser el primer caso reconocido de enfermedad laboral. Tras conocer la decisión de la juez, la mujer ha dicho que espera que «se haga lo más rápido posible, que acabe y se haga justicia». La mujer ha asegurado que tiene «miedo» a que cualquier día le aparezca la enfermedad al lavar desde 1986 la ropa de trabajo de su marido. «Mi marido cuando empezó todo pesaba más de 80 kilos y murió con 40. Desde el 80, estuvo expuesto al amianto. La normativa establece que la ropa de trabajo no podía salir y la empresa tenía que responsabilizarse, pero nunca les informaron del amianto», ha reivindicado la Martín.
Por su parte, el presidente del comité de empresa de Metro, Francisco Javier del Llano , se ha mostrado esperanzado en que este proceso sirva para «sentar un precedente» de cara a conseguir el apoyo del Consorcio Regional de Transportes y de la Comunidad de Madrid.
Del Llano ha vuelto ha pedir el ingreso de Metro en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) con el objetivo de que la propia compañía asuma la retirada de la maquinaria contaminada sin necesidad de una licitación exterior a fin de evitar que los trenes permanezcan parados en los depósitos.
«A fecha de hoy, aun pasando lo que está pasando, Metro no nos quiere», se ha lamentado Del Llano, que ha criticado los « oídos sordos » de la Administración regional pese a la gravedad de una situación que sigue en aumento, como demuestra el positivo en amianto que dio en fechas recientes otra cabina de tren. Ha denunciado igualmente que 4.000 trabajadores –más de la mitad– «siguen expuestos» al amianto en las instalaciones.
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