Luz verde al cambio en la ley del Suelo, pese al intento de Podemos de anular la votación
El socialista Gómez Montoya ha pedido leer dos artículos que apelan al voto en conciencia de los diputados, y 15 no han votado
Suprimir las licencias en todos los casos posibles, eliminar trabas burocráticas y poner en marcha medidas liberales «que permitan a las empresas trabajar» son las guías básicas de la modificación de la Ley del Suelo que este jueves se ha aprobado en la Asamblea de Madrid. Por el procedimiento de lectura única, el más rápido que existe, ya que así lo aconseja la «crisis económica sin precedentes», ha explicado la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín , para dar un balón de oxígeno al «sector que más influye en el resto» y en la creación de empleo, y que tiene un «efecto multiplicador en términos de PIB». La votación no ha estado exenta de polémica: la negativa a votar de 15 diputados ha llevado a Unidas Podemos a exigir la anulación de la votación por falta de quorum, lo que ha sido descartado por el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, que lo ha calificado de «artimaña».
Por la situación sanitaria, a los plenos de la Asamblea sólo acuden 70 diputados, repartidos de forma proporcional según los resultados electorales. A la hora de votar, 36 lo han hecho a favor de los cambios en la Ley de Suelo -los de PP, Cs y Vox-. Previamente, el diputado socialista Rafael Gómez Montoya había pedido a Trinidad leer en voz alta un artículo del Estatuto de Autonomía de Madrid y otro del Reglamento de la Asamblea que defendían el voto en conciencia.
Una vez efectuada la lectura, el diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano ha preguntado si había quorum , cosa que ha ratificado Trinidad. Se ha votado, con el resultado de 36 votos a favor de la modificación legal y 19 en contra. Jacinto Morano, entonces, ha puesto en duda la existencia de quorum-36 más 19 suman 55, y el quorum es de 67- y ha pedido que, por esa razón, se anulara la votación y decayera el punto del orden del día. Trinidad ha constatado que en la sala había 70 diputados, aunque algunos habían decidido no votar, y ha rechazado la pretensión del diputado de Unidas Podemos, tachándolo de «artimaña y fraude al reglamento».
Defensa de los cambios
El diputado popular Diego Sanjuanbenito ha aclarado que «no se está hablando de levantar grandes rascacielos sin licencias, sino que tendrá incidencia en la vida de madrileños que quieran hacer una reforma». Por eso, ha defendido el cambio legal que suprime las licencias y las sustituye por declaraciones responsables , que ha calificado como una «medida dinamizadora de la economía». Como ejemplo de los beneficios que traerá el cambio en la norma, señala que se evitarán o limitarán los retrasos en las construcciones de vivienda, que según sus cálculos encarecen los pisos en «unos 15.000 euros, el equivalente a 25 meese de cuota de una hipoteca media».
El socialista
El socialista Rafael Gómez Montoya critica el cambio normativo «ad hoc» que achaca a «otros intereses que no nos han aclarado» y cree que «es una renuncia a la función pública urbanística» y «a las labores de control urbanístico», lo que «aboca a la inseguridad jurídica». Con el peligro, además, de la parte de la modificación que permitirá que el control posterior de esas declaraciones responsables las realicen los ayuntamientos -con plazos «imposibles de cumplir»- o «entidades privadas colaboradoras, un paso más en la privatización de la función urbanística», ha advertido.
El diputado de Unidas Podemos Francisco Javier Cañadas ha sido muy crítico con esta reforma legal que, a su juicio, «sólo va a sus cuatro amigos de las constructoras». Ha criticado que no se hayan admitido las alegaciones contra la norma de muchos ayuntamientos, pero «si la de Madrid capital, que era a favor»; y sobre todo se ha mostrado crítico con la sustitución de las licencias previas por una declaración responsable porque «da más poder a las constructoras» y carga a los ayuntamientos con la necesidad de hacer un control posterior «sin medios para ello».
El mismo tono crítico ha sido defendido por el diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez , que ha querido poner el acento en lo negativo de las declaraciones responsables para la conservación de patrimonio cultural. Sánchez ha lamentado la «deriva ultraliberal a la que han sido arrastrados por Vox» en esta modificación legal.
Muy distinto es el criterio que mantiene Vox: su diputado, José Luis Ruiz Bartolomé, que apoya el proyecto de reforma de la Ley del Suelo, ha empezado echándole en cara a Ciudadanos de que el texto de nueva ley en que se trabajó toda la legislatura pasada terminara abortándose antes de aprobarlo porque «ustedes se echaron atrás». A juicio de Ruiz Bartolomé, esto pasó posiblemente por «miedo» a la izquierda. Pero ha recordado que «para el PSOE el consenso significa sometimiento».
Tras denunciar los retrasos actuales en la concesión de licencias -de hasta año y medio en el caso de la capital, ha asegurado-, el diputado de Vox ha defendido el cambio al modelo de declaración responsable porque «es seguridad jurídica, ahorro de costes y viviendas más baratas, y eso es el progreso».
En defensa de la postura de Ciudadanos, su diputado Miguel Díaz ha explicado que se está redactando una nueva Ley de Suelo, pero mientras ésta llega, «el excepcional momento» económico de crisis obliga a estos cambios que ahora se aprueban porque hay «sectores que necesitan más que nunca nuestra ayuda». Las medidas de la modificación legal permitirán mejorar aspectos como la tardanza en las licencias , que «hoy de media tienen un tiempo de concesión de un año». Díaz ha criticado la «visión de túnel» de la izquierda, que «estigmatiza a un sector al completo» mientras en Cs «no nos olvidamos de pymes, de pequeños estudios de arquitectura, de cooperativas» y «preferimos hacerles la vida más sencilla y ser más competitivos».
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