Los vecinos de Malasaña, en «peligro de extinción»: «No queremos que el barrio se convierta en Magaluf»
Los residentes denuncian catorce puntos negros del barrio. Junto con los hosteleros reclaman un plan de choque que ataje el exceso de ruido, la «mafia» de los lateros y los locales ilegales
Hace apenas unas semanas que Jordi Gordon recibió la llamada de una vecina de Malasaña despidiéndose. «No puedo más, me marcho», fueron sus palabras. El hartazgo acumulado durante años le empujó a dejar su casa de toda la vida . «Cuando llevas días durmiendo pocas horas, provoca estrés; pero si llevas meses así, enfermas. Mucha gente se va porque quiere tener hijos y estas no son condiciones de vida para hacerlo», lamenta a ABC Gordon, portavoz de la plataforma SOS Malasaña, que recalca que «la degradación y los problemas de convivencia no han dejado de crecer en los últimos años» y los vecinos empiezan a estar «en peligro de extinción».
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Los conflictos que arrastra Malasaña llevaron al límite a sus vecinos, que durante el otoño pasado emprendieron protestas semanales para reclamar soluciones al gobierno de Manuela Carmena. Resolver los problemas que dejó pendiente Ahora Madrid será, precisamente, la tarea primordial del nuevo concejal de Centro. Desde que José Luis Martínez-Almeida (PP) alcanzó el bastón de mando, la asociación de vecinos de Malasaña ha mantenido ya dos reuniones con el responsable del distrito, José Fernández (PP), para reclamar que ponga en marcha un plan de choque urgente. En concreto, en el último encuentro le entregaron al concejal un mapa con los puntos negros del barrio. En aquel gráfico, al que tuvo acceso ABC, los residentes señalan catorce tramos especialmente problemáticos, donde se dan grandes aglomeraciones de personas haciendo botellón en torno a locales ilegales y donde los lateros campan a sus anchas. En todos ellos, afirman, se superan los límites sonoros establecidos por la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Centro.
Más que un «lavado de cara»
Sus reivindicaciones tuvieron buena acogida. De hecho, a principios de agosto comenzó una reforma del pavimento, zonas verdes y parques infantiles de la plaza del Dos de Mayo. Aunque esta rehabilitación fue planteada por la anterior Corporación, no se ha llevado a cabo hasta ahora, dos años después de lo prometido. Pero el equipo de Martínez-Almeida pretende ir más allá de hacer un «lavado de cara», como Fernández tilda la obra.
«En todas las zonas conflictivas vamos a hacer un plan de choque, que abarcará desde la limpieza, la seguridad, la lucha contra el ruido y la búsqueda de espacios de consenso», explica el concejal del distrito, en declaraciones a ABC. «Queremos que Malasaña conserve su carácter residencial y también considerar a los comerciantes como unos vecinos más», arguye.
El buen tiempo y las fiestas estivales empujan a que casi todos los días, y de forma especial los fines de semana, se arremolinen más de cuatro millares de personas para hacer macrobotellón en la plaza del Dos de Mayo y en las calles aledañas. La «invasión» de ese centro neurálgico trae consigo una espiral de consecuencias negativas para los residentes: incumplimientos masivos de los niveles de ruido saludables, venta ambulante, basura, orines y grafitis en las fachadas, trapicheo, altercados en torno a «after» ilegales... «De lunes a domingo dormimos con tapones: empieza a ser imposible la vida en el centro y no queremos que Malasaña se convierta en Magaluf», denuncia Gordon.
Para corroborar la situación a la que se exponen los vecinos a diario, la asociación instaló en noviembre tres sonómetros, uno en la plaza del Dos de Mayo y otros dos en calles cercanas. Desde entonces, estos dispositivos graban los niveles de ruido 24 horas al día. «Constatamos que de media se registran más de 75 decibelios , incluido por la noche. Es un nivel de ruido industrial, como de quien trabaja con cascos para protegerse», explica Gordon, que recuerda que según la Organización Mundial de la Salud, el límite deseable no debe pasar de los 50 decibelios.
El refuerzo de la ZPAE emprendido por el gobierno de Carmena no ha dado sus frutos, puesto que, según lamentan los vecinos, no ha venido acompañado de una mayor presencia policial e intensificación de las inspecciones. «El verano pasado la situación fue mortal: a pesar del calor, por las noches es imposible abrir las ventanas. Se supone que es una zona protegida del ruido, pero existe un incumplimiento masivo y aquí no pasa nada», se queja también Diego, residente desde hace más de dos décadas en la calle de la Palma. «Necesitamos más dotaciones policiales e inspecciones a los locales que incumplen», reclama.
En este sentido, durante este verano el Ayuntamiento ha incorporado al distrito de Centro 98 agentes del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse). Este centenar de efectivos ya ejerce labores de patrullaje preventivo y, a partir de septiembre, a estas tareas se incorporarán los agentes de la Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS). Con el refuerzo que se implementará tras el verano, el Consistorio quiere «garantizar la convivencia y seguridad» de los residentes y «parar el proceso de degradación iniciado hace cuatro años».
Más inspecciones
La ZPAE prohíbe implantar o ampliar los restaurante-espectáculo y salas de fiestas en Malasaña, puesto que es un área sobreexplotada: hay 650 bares para 30.000 residentes . Sin embargo, según denuncian desde SOS Malasaña, amparados por la figura de la Declaración Responsable se han abierto muchos locales nuevos como barras de degustación. «En los últimos años han aumentado un 30% el número de locales. Muchos de ellos hacen obras sin licencia», expone Gordon.
En la lucha contra el ruido también están los hosteleros de Malasaña, que buscan junto con los vecinos acotar el significativo aumento de los bares ilegales. Para ellos, «el modelo de la ZPAE no vale porque culpabiliza a la hostelería de problemas de ruido que no provoca». «Hay que priorizar el ataque contra las actividades ilegales. La mafia de los lateros ha crecido en los últimos años exponencialmente», indica a ABC el portavoz de la Plataforma del Ocio, Vicente Pizcueta. Según su criterio, «hay que regular las viviendas turísticas y acabar con las barras de degustación, que provocan la competencia desleal». Las pymes del ocio, la cultura y el turismo tienen «grandes expectativas de que, con motivo de la nueva etapa política, se consolide la Mesa del Ocio como espacio de diálogo entre pymes y vecinos» para diseñar un plan de choque integral de consenso.
