El último escándalo de Torbe, rey del porno, desafiando a la pandemia con una orgía de 50 personas

En pleno estado de alarma y bajo el lema «¡Delito contra la salud pública!» varias personas repartieron el miércoles por la calle carteles para participar en el rodaje de una película porno . En ellos se anunciaba la grabación , que incluía «orgía y bukkake», en un piso del número 26 de la calle de San Romualdo (San Blas-Canillejas), concretamente, en la planta 5, sede de Putalocura, web pornográfica fundada por Ignacio Allende Fernández, más conocido como Torbe . También se hacía hincapié en la necesidad de que hubiese, al menos, 50 personas a las 19.30 horas para llevar a cabo el evento.

Pero el cartel terminó en manos de la Policía , concretamente, en las del Grupo de Atención al Ciudadano. Los agentes se personaron en el lugar a la hora indicada y descubrieron un encuentro sexual multitudinario y, como era de esperar ante el tipo de escena, sin respetar las medidas antiCovid .

Por si fuera poco, a las puertas del inmueble había cola para entrar . Cuando vieron a los agentes, muchos abandonaron el lugar, mientras otros actuaron en actitud desafiante. Fue el caso de los responsables del evento –tres hombres de nacionalidad española y de 51, 45 y 24 años– que no tenían los permisos para llevar a cabo la grabación. Por todo ello, fueron denunciados por un delito contra la salud pública y propuestos para sanción por desobediencia y resistencia a la autoridad.

El de 51 años es Torbe, que con este evento ha conseguido protagonizar su enésimo escándalo, esta vez, desafiando a la pandemia y a las normas sanitarias. En 2016, el actor y director de cine para adultos fue detenido por presunta agresión sexual y corrupción de menores . En noviembre, tras siete meses bajo rejas, consiguió salir de la prisión de Estremera después de pagar 100.000 euros de fianza. Al rey del porno se le imputaron también los delitos de blanqueo de capitales y trata de personas, tras un registro en su vivienda, pero quedaron sobreseídos al no encontrar pruebas de que forzara a las mujeres a grabar las escenas.

Sin embargo, por la posesión y distribución de pornografía infantil y revelación de secretos, la Fiscalía pidió en 2019 siete años y siete meses de cárcel. Estos hechos aún no están resueltos.