El tranvía de Parla, la gran obra del PSOE en el sur de Madrid, al borde de la quiebra

Los dos últimos ejercicios (2019 y 2020) son un ejemplo de que el tranvía circula cada día casi a fondo perdido. Según los datos a 31 de enero de 2021 aportados por la sociedad adjudicataria, Tranvía de Parla S.A. (compuesta por Globalvía Infraestructuras al 85% e Inversiones Corporativas al 15%), en ambos años se facturaron 18,4 millones de euros por aportaciones a la inversión, pero hasta la fecha no se ha recibido un solo euro del Ayuntamiento de Parla . Algo similar ocurre con las facturas relativas a la explotación, con un desembolso mínimo. De los 934.821 euros que la concesionaria expidió el año pasado, solo se han cobrado 351.200; mientras que de los 2.017.819 euros de 2019 se percibieron 670.556.

Desde Globalvía detallan que el coste anual del tranvía, incluidos pagos por inversión y explotación, ronda los 11 millones de euros, si bien el descenso de viajeros por la pandemia del Covid-19 rebajó la factura y agravó aún más el problema. «La falta de ingresos por el impago del Ayuntamiento, unida al impacto en la cifra de usuarios, está llevando a la sociedad a una situación de inviabilidad económica de la concesión que pone en duda la prestación del servicio», explican a ABC.

El Consistorio, gobernado por el PSOE y Unidas Podemos, no oculta la delicada situación que atraviesa por la hipoteca que supone el tranvía, su obra estrella hace poco más de una década. Aunque fue la propia corporación socialista la que firmó el convenio, el mismo partido pide ahora más dinero y exige al Consorcio un cambio en el modelo de financiación , en la actualidad basado en que la Administración local asume la inversión y reparte al 50 por ciento el déficit de explotación –la diferencia entre lo que paga el usuario por el billete y el coste real– con el CRTM.

«La situación socioeconómica de Parla hace imprescindible un tratamiento específico por parte de la Comunidad de Madrid. No se puede soportar el coste anual que actualmente supone», especificaron a este diario fuentes municipales, semanas después de que la Asamblea de Madrid rechazase una Proposición No de Ley (PNL) de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid para modificar el acuerdo. La cámara negó también la petición de que el Consorcio desembolsase 6 millones de euros en concepto del déficit de explotación, un extremo que ya tumbó el Tribunal Superior de Justicia al desestimar la reclamación del Ayuntamiento de Parla, que lo pidió fuera de plazo según la sentencia.

El Consorcio de Transportes, por su parte, defiende que la aportación cumple estrictamente con lo marcado en el convenio y en el pliego de cláusulas administrativas, en la misma línea que el resto de líneas de transporte urbano. Ante la crítica de que aporta más dinero a las líneas de Metro Ligero del Oeste, formulada por el Gobierno de Parla, matiza que se hace porque en esos casos es el CRTM quien asume también los costes derivados de la inversión. Fuentes regionales detallan a ABC que en 2019 aportaron 4,38 millones de euros y en 2020 otros 2,69 millones.

Sea como fuere, lo cierto es que los problemas con este megalómano proyecto han vuelto como un bumerán al PSOE de la localidad . Sirva como ejemplo la paradoja de que el actual alcalde es hermano del edil de Urbanismo que pilotó el proyecto junto a Tomás Gómez, Wilfredo Jurado . Pero lo mollar de esta herencia envenenada va mucho más allá.

El tranvía fue concebido por Gómez como una suerte de trampolín, con la Real Casa de Correos en el horizonte y Esperanza Aguirre y su gestión como némesis. Que Parla se quedara en 1999 fuera del trazado de MetroSur, al contrario que localidades vecinas como Getafe o Leganés, fue la excusa para plantear la obra, incluso en contra del criterio de la Comunidad de Madrid. El Consorcio comunicó sin ambages sus reticencias a implantar una estructura de este calibre y planteó otras opciones más viables y económicas, como una plataforma de autobuses. Fue en vano.

La idea del entonces alcalde más votado de España se iba a hacer y dejando bien claro que era el Ayuntamiento, y no el Gobierno regional, quien pilotaba y costeaba todo lo referido a la infraestructura del proyecto. A cualquier precio. Y así fue. El Consorcio tramitó la adjudicación y, sin mayor compromiso que costear ese 50 por ciento del déficit de explotación, el tranvía echó a andar en junio de 2007 con una presentación a la altura de los deseos de Tomás Gómez, arropado por la plana mayor del partido, incluido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero . La idea era cubrir los gastos con lo que sacara de los desarrollos planteados para la zona de Parla Este.

Pero nada salió como se esperaba, hasta el punto de que Gómez fue apartado como líder del PSOE en la región por los escándalos en torno al tranvía. El plan se adjudicó en 2005 por 93,5 millones de euros, pero se disparó hasta los 129 millones (298 si se cuentan los intereses por los 40 años de concesión) , según un informe del Tribunal de Cuentas. El Consistorio, además, llegó a ser la administración con la deuda per cápita más alta de España, superior a los 2.900 euros por habitante. Pese a todo, el pasado verano se archivó la denuncia de prevaricación y malversación formulada por la Fiscalía. El juez decretó el sobreseimiento provisional de la causa al señalar que no quedó acreditada la existencia de indicios suficientes sobre los que sustentar de forma racional la acusación formulada; advirtió de «la existencia de irregularidades administrativas en el expediente de modificación del contrato», pero señaló que no era suficiente para considerarlo en los márgenes del delito de prevaricación.