Los sindicatos piden regular el teletrabajo: «El empleado pone ahora el equipo y el internet»

Los líderes sindicales de CC.OO.-Madrid y UGT-Madrid piden que se regule el teletrabajo, una práctica muy común desde que se inició el confinamiento por la pandemia. Luis Miguel López Reilló, de UGT, alerta de que «hay una explotación laboral» a cuenta de esta modalidad de trabajo, donde ahora «los equipos en general los ponen los trabajadores, y el internet también».

Miles de trabajadores están ahora realizando su actividad laboral mediante el teletrabajo, una fórmula que a juicio de los sindicatos «salvó» a la ciudadanía de un mayor contagio al inicio de la pandemia, y a la que se prestaron los trabajadores poniendo sus móviles, sus ordenadores y el wifi de su casa a disposición de la empresa. Pero esta situación, insisten los sindicatos, no puede continuar así cuando se vuelva a la actividad normal: esta opción debería mantenerse siempre donde fuera posible, especialmente en el caso de los trabajadores más vulnerables, pero convenientemente regulada.

Los sindicatos, que se preparan para un Primero de Mayo con manifestación «virtual», están también empezando a plantear la vuelta a la actividad cuando se acabe el confinamiento. En este sentido, aseguran que los portavoces de CEIM les han explicado que los empresarios son partidarios de una vuelta por turnos, progresiva y no de todos los trabajadores a la vez. La idea es habilitar una vuelta al trabajo que permita garantizar las condiciones de seguridad en la vuelta al trabajo.

Otra de las preocupaciones de los sindicatos se refiere a la marcha de las residencias de mayores, donde López Reíllo ha indicado que puede haberse dado un caso de «negligencia criminal». Tanto él como el portavoz de CC.OO., Jaime Cedrún, son partidarios de un sistema de residencias «universal y gratuito», que sea público en su totalidad. «Las residencias tienen que estar en lo público, fuera de la mercantilización», asegura Cedrún.

El portavoz de CC. OO. también ha pedido un plan de rescate para ayudar a «el medio millón de personas afectadas por ERTEs y a las 200.000 familias que no tienen ningun ingreso en la actualidad».