COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Sabanés se saltó a la Asesoría Jurídica para encargar un informe externo sobre la cesión de Bicimad
El máximo responsable de los servicios jurídicos en el Ayuntamiento de Madrid asegura que tenía que tener conocimiento de este encargo y que, además, podía haberlo realizado su departamento
La tercera sesión con comparecientes de la comisión de investigación sobre Bicimad ha sido reveladora. Las declaraciones de Ángel Luis Ortiz González , director general de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, y de Ángel Calonge , interventor del Área de Medio Ambiente y Movilidad -ambos a petición de Ciudadanos. han dejado claro que el Área de Medio Ambiente que dirige Inés Sabanés se saltó algunos cauces habituales en la Administración para comprar hacerse rápidamente con el servicio de la bicicleta.
El primero en prestar su testimonio esta mañana ha sido el interventor delegado, quien el 18 de julio de 2016, dos meses después de que Sabanés pactara junto al gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia , entregar 10,5 millones de euros a Bonopark, alertó mediante nota interna que faltaba diversa información, entre ella, la valoración del precio . En el documento de recomendaciones también hablaba Calonge de que la operación se trataba de una «municipalización de hecho», por lo de que debía dar cuenta a la Asesoría Jurídica, cosa que obvió.
El máximo responsable de los servicios jurídicos de la Corporación madrileña también ha acudido este viernes a la Plaza de la Villa para responder a las preguntas de los cuatro grupos políticos. Ángel Luis Ortiz González, director general de Asesoría Jurídica, ha dicho que se enteró de la cesión de Bicimad «por los periódicos» y que, en ningún caso, «ni se solicitó ni se emitió» un informe a su departamento, encargado «por ley» de asesorar, ha aclarado. También ha manifestado que no conoció la nota interna de Calonge.
«Las notas hay que contestarlas»
El concejal de Ciudadanos, Sergio Brabezo , ha interrogado a Ortiz sobre el informe externo que Sabanés encargó al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid el 17 de octubre de 2016, cuando la cesión de Bicimad ya se había realizado el 26 de septiembre anterior. «Si se pide un informe externo tiene que hacerse con el conocimiento de la Asesoría Jurídica; si el informe se pidió, efectivamente yo no tuve noticia», ha sentenciado Ortiz al respecto.
Por su parte, Calonge ha mencionado que no es habitual que las notas internas , de las que ha dicho que no son vinculantes para un proceso de cesión de un servicio en el Ayuntamiento como Bicimad, caduquen . El Área de Sabanés justificó el no hacer caso a estas recomendaciones porque el expediente caducó. «No es normal que caduquen los expedientes. Debería haber contestación. Las cartas o las notas hay que contestarlas», ha referido el funcionario.
Tras esta sesión se pone fin al primer bloque de la comisión de investigación, el que abordaba los antecedentes a la operación de compra del servicio, es decir, a la adjudicación del contrato a Bonopark en 2013, con el Gobierno del PP y Ana Botella como alcaldesa. En la próxima cita, el 8 de junio, se pasará al apartado de «procedimiento, negociación e inventario».
A la espera de la jueza
El caso Bicimad llegó a los tribunales en enero con la querella que puso el Partido Popular contra Sabanés y Heredia por haber incurrido presuntamente en los delitos de prevaricación y malversación. El 19 de febrero la titular del Juzgado de Instrucción número 52, Belén Sánchez Hernández, admitió a trámite la querella . El portavoz del grupo popular en Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha considerado al término de la sesión de la comisión que va a ser «inevitable» que la delegada de Medio Ambiente responda ante la magistrada por dos cuestiones: «¿Por qué el interventor no recibió respuesta a la nota interior que envió, advirtiendo de todos los defectos? Sabanés ignoró el criterio del interventor. Y en segundo lugar, ¿por qué encargó un informe “ad hoc”, cuando el director de los servicios jurídicos dijo que lo podían hacer ellos, y en todo caso para contratarlo como se hizo, tenía que haber contado con su autorización?». A juicio del representante de los populares en la capital se siguen acumulando irregularidades, a su juicio, «de relevancia penal». El caso, ha dicho «va a ser un auténtico escándalo ».
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