Vox admite que no ha cerrado un acuerdo de presupuesto con Ayuso, pero «tiene voluntad»
La formación de Abascal registró la semana pasada en la Asamblea una Ley de Igualdad para derogar las leyes LGTBI
A dos días de que el Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso apruebe el miércoles el borrador de anteproyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para remitirlo a la Asamblea e iniciar la tramitación parlamentaria, Vox ha admitido que todavía no ha llegado a un acuerdo para dar su voto favorable a las cuentas de 2022. La negociación continúa, hay una «buena disposición» y «voluntad de acuerdo», según fuentes de esta formación política, pero la firma no se ha producido.
La formación de Abascal asegura que todavía hay tiempo para «una negoción exprés» hasta la mañana del miércoles , pero que si no se hay consenso todavía queda la negociación en el seno de la Cámara para presentar enmiendas y conseguir algunas de sus demandas.
Las principales reivindicaciones de Vox es un cheque escolar que se extienda no solo a la educación de 0 a 3 años, sino a bachillerato y Formación Profesional en todos los centros escolares: públicos, concertados y pivados. Igualmente, reclaman la derogación de las dos leyes de género que aprobó el Gobierno de Cristina Cifuentes.
En relación al tema educativo, Vox no cifra el importe del cheque, que es objeto de negociación con el Gobierno de Ayuso, pero apunta que el importe global, unos 400 millones de euros, podría salir de algunos errores que han detectado en partidas duplicadas. Otra vía de financiación podría ser parte de los 700 millones en que Ayuso ha cifrado el aumento de las ratios de alumnos por aula.
Sobre el tema de las leyes de género , el Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha registrado una Ley Integral de Igualdad y no Discriminación mediante la cual proponen derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, han adelantado a EP fuentes de este partido.
Así se expone en esta normativa que ha registrado Vox, justo en Plena negociación del Proyecto de Presupuestos regionales para 2022 que el Gobierno regional dice que tendrá listo para este miércoles. Además, hace unos días la líder de este partido en Madrid, Rocío Monasterio, ha vuelto a pedir al Ejecutivo autonómico que se retiren estas leyes y que los niños no se vean «adoctrinados en los colegios» por ideología de género, algo que quieren ver reflejado en las cuentas autonómicas.
La presente Ley, en el marco de sus competencias, tiene por objeto regular los principios, medidas, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social, y a ver respetada su dignidad, libertad, igualdad y libre desarrollo de su personalidad, así como el derecho a su integridad física y psíquica, en todas las fases de su vida y en todos los ámbitos de actuación, tanto públicos como privados.
Todas las personas tendrán derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad en cualquier ámbito de la vida , en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural, así como a una protección efectiva por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid en aquellos supuestos que sean víctimas de discriminación y delitos con violencia, o sufran trato discriminatorio, vejatorio o degradante.
Programas de información y formación
Con ella, la Comunidad de Madrid garantizará, mediante programas de información y atención , dependientes de la Consejería competente en materia de servicios sociales, la información, atención, formación, sensibilización y asesoramiento respecto de situaciones de especial riesgo de discriminación.
Asimismo, Comunidad y ayuntamientos realizarán actuaciones de promoción y defensa de la igualdad, tendentes a prevenir cualquier discriminación en el acceso al mercado de trabajo y al resto de servicios, derechos y prestaciones.
Además, entre otros aspectos, la normativa implica a la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, contenidos educativos que impliquen cualquier discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de delitos por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.
