La región invertirá 1.000 millones hasta 2023 en disminuir su huella de carbono
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Comprar un vehículo u otro, moverse en transporte público o en coche particular, caminar por la casa descalzo y en manga corta en pleno invierno... son algunos comportamientos que pueden hacer variar la huella de carbono que dejamos. Hay muchos más, y de mayor envergadura, sobre los que actuar. Porque aunque Madrid presenta en la actualidad, según las cifras oficiales, el menor dato de emisiones de CO² por habitante –3,4 toneladas, un 49 por ciento por debajo de la media española–, sigue siendo necesario reducirlo. Con este fin, se ha puesto en marcha un Plan de Descarbonización en el que el Gobierno regional invertirá, hasta 2023, nada menos que 1.000 millones de euros.
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No sólo es bueno para el medioambiente y, por lo tanto, para todos; también favorece que seamos menos dependientes energéticamente. En la actualidad, China es la responsable del 24 por ciento de emisiones en el mundo; Estados Unidos del 12 y la Unión Europea, del 7 por ciento. España es el quinto país en el ‘ranking’ de emisiones, y Madrid es responsable del 7 por ciento de las españolas.
Resiliencia ante fenómenos
Entre los objetivos de este Plan de Descarbonización que presentó ayer la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín , están reducir las emisiones directas, incrementar la eficiencia energética, favorecer la investigación en estos campos y hacer de Madrid «una región resiliente ante eventos meteorológicos extremos», como el temporal de nieve Filomena o las olas de calor de este verano.
Para conseguirlo, se han diseñado 58 medidas que van desde el fomento del transporte público al fomento de la ganadería extensiva o la diversificación de cultivos. Pero, sobre todo, el programa se centrará en los dos sectores que suman, por sí solos, más del 84 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero: el transporte y la residencia.
El transporte produce, por sí solo, más de la mitad de las emisiones directas. Por eso, muchas de las acciones se dirigen a él: más y mejores electrolineras –a fin de año se inaugurará la mayor de ellas, con puntos de carga rápida y superrápida–, potenciar el ‘carsharing’ y el ‘motosharing’; ayudas para transformar la flota de taxis y la de empresas en otras que sean cero emisiones; u ofrecer asistencia y asesoramiento a los municipios para que establezcan zonas de bajas emisiones.
Además, explicó Martín, se va a continuar con la política ya iniciada de ayudas directas para la «micromovilidad»: para comprar vehículos, motos, ciclomotores, bicicletas o patinetes eléctricos. Y también seguirán funcionando los bonos ambientales, que pagan en minutos de uso de ‘carsharing’ y ‘motosharing’ a usar durante dos años el achatarramiento de un vehículo antiguo o sin distintivo medioambiental.
Por lo que se refiere al ámbito residencial, ahí se va a actuar favoreciendo los programas de rehabilitación energética de edificios, y la reducción de sistemas de calefacción, y digitalizándolos para promover el ahorro. Otra línea será el incentivo al autoconsumo con tecnologías renovables.
Habrá incluso un proyecto piloto para poner en marcha un edificio público –que será un colegio o un instituto aún por determinar– neutro en carbono, que será el primero de estas características.
Está en marcha ya el proyecto de crear una planta de hidrógeno verde, que utilice agua reciclada, y también se habilitarán fórmulas que ayuden a los municipios a medir su huella de carbono, para poder reducirla.