Reagrupar las 70 sedes judiciales costará 90 millones de euros
El Gobierno regional presenta mañana a jueces, fiscales, sindicatos y partidos el acuerdo para la mejora de las infraestructuras de Justicia
Los responsables regionales presentan mañana ante la Mesa de la Justicia su plan completo para reagrupar las sedes judiciales madrileñas. Suponen 20,1 millones de euros de inversión el año próximo, y un total de 90 hasta 2025, para crear, además del ya anunciado núcleo penal en San Blas, otro núcleo civil que aglutinará en 300 metros en torno a las infraestructuras de Plaza de Castilla los 101 juzgados de Primera Instancia ahora repartidos en ocho sedes diferentes.
La «hoja de ruta» completa para modernizar las 70 sedes judiciales actuales, que albergan 538 órganos judiciales, incluye actuaciones en ocho partidos judiciales -los de Madrid capital y siete en la periferia- a acometer en 2019. Y, como de máxima urgencia, se apuntan las que se realizarán en Torrejón de Ardoz, Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial. «Nuestro objetivo es claro -asegura la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola -: queremos mejorar las condiciones de las instalaciones en las que los empleados públicos y los profesionales de la Justicia desempeñan su trabajo». Su compromiso se traduce, afirma, en cifras: «Al inicio de la legislatura, el presupuesto para mejora de las sedes judiciales era de 635.000 euros, y ahora es de 19,7 millones: se ha multiplicado por 30».
La situación de las sedes judiciales madrileñas al inicio de la legislatura era calamitosa. Tal y como han denunciado repetidamente los sindicatos y los partidos de la oposición, se han dado todo tipo de problemas, desde hacinamiento de los trabajadores hasta expedientes acumulados en montones sobre el suelo o en carros de la compra, humedades, incendios... Y hasta ratas. El último incidente reseñable tuvo lugar el pasado miércoles, 19 de septiembre, en el juzgado de lo Mercantil número 11, de la Gran Vía, por la caída de un trozo de un falso techo de pladur.
Agrupar y mantener
El problema lo conoce muy bien el presidente regional, Ángel Garrido, que era el anterior consejero de Justicia y, como tal, puso en marcha, en marzo de 2017, un plan de choque con 1,8 millones para atender las necesidades más urgentes en los seis meses siguientes. Al tiempo de ponerse en marcha esa iniciativa, era directora general de Justicia Yolanda Ibarrola, que ahora es la consejera del ramo. Y que será la encargada de entregar hoy a todos los agentes relacionados con el mundo de la Justicia el Acuerdo para la Mejora de las Infraestructuras Judiciales. Un acuerdo que se resume en tres actuaciones: por un lado, la agrupación de la mayor parte de las sedes judiciales, para evitar que estén dispersas por toda la ciudad.
No se trata ya de crear un Campus de la Justicia, sino de concentrar en dos núcleos la mayor parte de las sedes: el Penal, en San Blas, y el Civil, en la Plaza de Castilla. Afectará a los partidos judiciales de Madrid, Alcobendas, Collado Villalba, Getafe, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Pozuelo, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón y Valdemoro. En segundo lugar, se mejorarán las condiciones de los edificios que mantendrán el uso judicial: pasará en Alcalá, Alcorcón, Aranjuez, Arganda, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Leganés, Parla y Torrelaguna.
Y, por último, habrá un mantenimiento «permanente e intensivo» para evitar que vuelva el deterioro. A la hora de priorizar las actuaciones, afirman en Justicia que se han tenido en cuenta las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y las actas de los servicios de prevención de riesgos laborales de la Comunidad y del Consejo General del Poder Judicial.
Las primeras actuaciones, en este mismo año, se realizarán en Torrejón de Ardoz -con 4 millones de inversión inicial y 14,9 hasta 2020-, para construir un nuevo edificio único judicial que reagrupe 13 juzgados y el Registro Civil-; Navalcarnero -donde se retomará la construcción del nuevo edificio de los juzgados, ejecutada en un 15 por ciento y paralizada por la crisis -; San Lorenzo de El Escorial -también se retomará la construcción detenida tras ejecutarse un 25 por ciento-; Getafe -un único edificio agrupará todas las sedes y la Fiscalía-; Móstoles -sede única, aunque mientras se reforman otras para usarlas de forma transitoria-; y Collado Villalba -ampliación de la sede principal para unificar todas y albergar la sección territorial de la Fiscalía Collado-Villalba-.
Segunda fase
En el caso de Navalcarnero, se invertirán 5,7 millones de euros hasta 2019; en San Lorenzo, 3,8 millones en el mismo periodo. El plan completo destina 8 millones para Getafe; 5 millones para Collado Villalba hasta 2021; 19,5 millones irán a Móstoles hasta 2022; y 7 a Valdemoro en el mismo periodo.
Las obras comenzarán más adelante , a partir de 2021, en Majadahonda -donde está previsto invertir 6,2 millones hasta 2024; Alcobendas -12,6 millones hasta 2025-, y Pozuelo de Alarcón -3,66 millones en 2024 y 2025-.
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