Las razones por las que Ayuso lleva a los tribunales el informe de Sanidad contra la fase 1
La presidenta madrileña afirma que el ministerio no ofreció criterios técnicos correctos y denuncia, además, que el documento se elaboró tres horas después del anuncio del ministro
Madrid pasará a la fase 1 el próximo lunes 25 de mayo
Lo avisó en una entrevista concedida ABC el mismo viernes por la tarde en que el ministro de Sanidad, Salvador Illa , volvía a dejar a Madrid en la estacada. Y se reafirmó en un comunicado posterior. Isabel Díaz Ayuso estaba dispuesta a llevar ese veto de Sanidad a los tribunales en caso de que el Gobierno no remitiera a Madrid (como ya ocurrió en el primer «examen» , una semana antes) el informe preceptivo que explicase por qué no avanzaría en la desescalada. Y, si lo enviaban (como así hizo el sábado, previa filtración a varios medios) y no consideraba que los argumentos eran objetivos, trasladaría el asunto a los jueces. Y así va a ser, porque, asegura la Comunidad, la decisión no se sustentaba en «criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio (...), lo que podría vulnerar varios principios y normas esenciales de nuestro ordenamiento jurídico».
Está previsto que presenten hoy el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo , órgano correspondiente al ser objeto de «denuncia» el Ejecutivo central. Lo harán por la vía civil, ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, con la esperanza de que se dé la razón a Ayuso y su equipo y, quizá, poder adelantar un paso más en el proceso de la «nueva normalidad», que es como ha dado a llamar Pedro Sánchez al desconfinamiento. Si, además, el recurso prosperara, sería una clara victoria de Díaz Ayuso al pulso que mantiene con Pedro Sánchez a cuenta de la crisis sanitaria.
Y es hoy, también, cuando está comprometida verbalmente una reunión bilateral entre Illa y el consejero madrileño del ramo, Enrique Ruiz Escudero ; un encuentro que no está confirmado y que, conviene recordar, también se apalabró la semana pasada pero que finalmente no se produjo, a instancias del ministerio. Y mañana, como colofón, se conocerá si la región pasa finalmente al escenario 1. En esta ocasión, las fuentes del Ejecutivo regional consultadas se muestran más esperanzadas, tras el esfuerzo realizado y porque saben que, al haberlo solicitado también el área metropolitana de Barcelona, por cuestiones políticas Illa será más proclive a conceder a ambas zonas ese avance . La estrategia del Gobierno central pasa por que Madrid y la capital catalana vayan de la mano, pese a tener parámetros muy distintos en los que, comparativamente, la segunda sale perjudicada.
1.500 millones perdidos
El malestar de la Comunidad de Madrid es extraordinario. El Consejo de Gobierno se reunió ayer por la tarde de manera extraordinaria con este asunto como único punto; de hecho, por la mañana había celebrado su encuentro semanal de los miércoles y no se trató el tema. En este caso, PP y Cs, socios en la Puerta del Sol, van de la mano. Esgrimen, a grandes rasgos, dos criterios fundamentales por los que Madrid debería llevar dos semanas en fase 1, como la mayoría de los territorios del país, excepto el área metropolitana de Barcelona y partes de Castilla y León. Por un lado, el descalabro económico que está suponiendo para Madrid (y, por consiguiente, para el conjunto de España, argumenta Ayuso, al tratarse de la «locomotora» del país en ese aspecto), ya no solo los dos meses largos de encierro, sino el atraso en el proceso con respecto al resto del país. El cálculo es de medio punto del PIB regional (1.500 millones de euros en apenas quince días), más decenas de miles de puestos de trabajo en suspenso o directamente destruidos, sobre todo entre los autónomos, el eslabón más débil de esta crisis.
Pero lo fundamental es que, según la tesis del recurso judicial, «las razones que esgrime el informe para motivar la denegación no tienen relación directa con los indicadores del llamado Plan para la Transición a una Nueva Normalidad». Recuerda Madrid, además, que en el primer «corte», del 8 de mayo, si siquiera les consta que haya informe (al menos, no se le trasladó). Y concluye: «La Comunidad tiene dudas razonables acerca de que los indicadores se estén aplicando de manera homogénea para todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad; lo que la hace cuestionarse la validez jurídica de la decisión, tanto desde el punto de vista técnico como desde el el respeto al principio de igualdad».
Y, como colofón, el «extraño» desfase horario de lo ocurrido el viernes. A las siete de la tarde, Illa anunció el «no» para Madrid en rueda de prensa. Pero el informe de Salud Pública se firmó a las 21.57 horas. Y no llegó hasta el mediodía del sábado a Sol... previa filtración a varios medios desde Sanidad.
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