El PP y C's denunciarán a Sánchez Mato por sus grabaciones al consejo de Calle 30
Esperanza Aguirre y Begoña Villacís consideran que debe explicarse quién custodia esas grabaciones, quién tiene acceso a ellas y con qué fin se han realizado
Las portavoces del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre y Begoña Villacís , han avanzado esta mañana que denunciarán al edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato , por grabar sin consentimiento las reuniones del consejo de administración de Madrid Calle 30. En ambos consideran que debe explicarse quién custodia esas grabaciones, quién tiene acceso a ellas y con qué fin se han realizado.
Aguirre, que ha explicado que desde el grupo popular estudian la ilegalidad de esta práctica, ha declarado que si se confirma « lo llevarán a los tribunales sin ninguna duda». El edil popular José Luis Martínez Almeida ha reforzado el anuncio de su portavoz y, como abogado del Estado, ha explicado que uno de las premisas fundamentales de estas reuniones es «salvaguardar la confidencialidad de lo dicho por los consejeros». «Parece una violación clara», ha dicho Martínez Almeida.
El grupo municipal popular, que formulará una pregunta en el Pleno de la próxima semana, ha exigido que se preserve la garantía de la custodia de las grabaciones, el acceso a estas y su objetivo. Como ha publicado ABC, el edil de Economía y Hacienda grabó la última reunión del consejo de Calle 30 sin el consentimiento de los miembros de este órgano directivo. En el encuentro estuvieron representantes del PP y Ciudadanos, de la cobstructora Ferrovial y de Iridium, una filial de ACS.
Villacís, por su parte, ha señalado que «eso no es transparencia» y es un «juego muy peligroso». La portavoz de Ciudadanos ha asegurado que su grupo denunciará a Sánchez Mato ante la Agencia de Protección de Datos con varios argumentos: dónde están los consentimientos de los consejeros, el fichero de las grabaciones y si este está inscrito como requiere la ley. Begoña Villacís ha recordado que estas prácticas, de confirmarse la ilegalidad, suponen una sanción de entre 300.000 y 600.000 euros que «pagarán los madrileños».
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