El PP registra una Proposición No de Ley para proteger la educación concertada de la «ley Celaá»
El grupo parlamentario popular ha reclamado en la Asamblea de Madrid que se respete la «libertad de elección de los padres»
![La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros](https://s1.abcstatics.com/media/espana/2019/11/18/isabel-celaa-k0oE--1248x698@abc.jpg)
Ya lo dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace unos días: «La educación concertada en Madrid no se toca». Así, ante la batalla que ha emprendido el PSOE contra este tipo de enseñanza, y las polémicas declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, el PP ha registrado este lunes en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) para blindar la concertada.
Este movimiento, que anunció la semana pasada el grupo parlamentario popular, embiste contra el último proyecto de ley del Gobierno en funciones, la llamada LOMLOE, más conocida como la «ley Celaá» . Pese a que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, no se tramitó por la convocatoria de elecciones, aunque se espera que salga adelante «sin cambios».
Según el documento registrado en la Asamblea de Madrid, el PP considera que la propuesta socialista intenta «limitar las libertades educativas» y « cuestionar la demanda social de la educación concertada». Así, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución bajo el brazo, la formación critica el ataque a la «libertad de elección de los padres».
La PNL del PP exige, tanto al Gobierno de la Comunidad de Madrid como al Gobierno central, que se respete la libertad de enseñanza y la descentralización de las competencias . Desde que se transfirieron, la región ha puesto en marcha iniciativas con «resultados muy positivos», como la Ley de Autoridad del Profesor o la implantación del Programa Bilingüe.
Además, el grupo popular aboga por defender la red de la concertada para garantizar una «oferta plural complementaria a la red pública». Estos centros deben tener, además, total libertad organizativa y pedagógica .
Eso sí, el PP madrileño exige que la Alta Inspección del Estado garantice el cumplimiento de la ley, sobre todo, en aquellas comunidades donde no usen «con responsabilidad» sus transferencias educativas.
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