El PP lleva a la juez el testimonio clave que sugiere la malversación de Sabanés con Bicimad
La delegada ignoró las recomendaciones del interventor en la operación de compra. Los populares creen que las declaraciones vertidas en la comisión de investigación afianzan su querella
La tercera sesión con comparecientes de la comisión de investigación sobre Bicimad resultó reveladora. Tanto que servirá al grupo municipal popular para consolidar su querella ante la jueza que instruye el caso Bicimad en el Juzgado número 52 de Madrid. Los populares entregarán a la magistrada la próxima semana las declaraciones que ayer hicieron en la comisión Ángel Luis Ortiz González , director general de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento madrileño, y Ángel Calonge , interventor del Área de Medio Ambiente y Movilidad. Ambos dejaron ver que el Área de Medio Ambiente que dirige Inés Sabané s se saltó algunos cauces habituales en la Administración para hacerse rápidamente con el servicio de la bicicleta en 2016.
El primero en prestar su testimonio fue el interventor delegado, quien el 18 de julio de 2016, dos meses después de que Sabanés pactara junto al gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia , entregar 10,5 millones de euros a Bonopark, alertó mediante nota interna que faltaba diversa información, entre ella, la valoración del precio. «El expediente estaba mal estructurado y era poco coherente», apuntó Calonge. En su documento se recogía que la operación se trataba de una «municipalización de hecho», por lo de que debía dar cuenta a la Asesoría Jurídica, cosa que obvió Sabanés.
El máximo responsable de los servicios jurídicos de la Corporación madrileña, Ángel Luis Ortiz , manifestó que se enteró de la cesión de Bicimad «por los periódicos» y que, en ningún caso, «ni se solicitó ni se emitió» un informe a su departamento, encargado «por ley» de asesorar, aclaró. También dijo que no había tenido conocimiento de la nota interna de Calonge.
El salto a la Asesoría Jurídica
El concejal de Ciudadanos, Sergio Brabezo , interrogó a Ortiz sobre el informe externo para justificar la cesión frente a la municipalización que Sabanés encargó al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid el 17 de octubre de 2016, posterior a la adquisición, que se había realizado el 26 de septiembre.
«Si se pide un informe externo, tiene que hacerse con el conocimiento de la Asesoría Jurídica; si el informe se pidió, efectivamente yo no tuve noticia», sentenció Ortiz al respecto. Por su parte, Calonge mencionó que no es habitual que las notas internas, de las que dijo que no son vinculantes para un proceso de cesión de un servicio en el Ayuntamiento como Bicimad, caduquen. El Área de Sabanés justificó a ABC que el hecho de no hacer caso a estas recomendaciones fue porque el expediente había caducado. «No es normal que caduquen los expedientes. Debería haber contestación. Las cartas o las notas hay que contestarlas», refirió el funcionario.
A expensas de la instrucción
Para el portavoz del PP municipal , José Luis Martínez-Almeida , las palabras de los dos comparecientes apuntalan la base de la querella penal por malversación y prevaricación contra Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia. «El interventor reconoce que emite una nota interior con las dudas que plantea el informe para comprar Bicimad, como el precio del servicio; Medio Ambiente decide dejar caducar la nota y emite otro, lo que apunta a que Inés Sabanés malversó. Por otro lado, piden a la Autónoma que les hagan un informe ad hoc para justificar que no es una municipalización, sino una cesión, en vez de pedir el informe a la asesoría jurídica. Tenían que vestir el muñeco, lo que demuestra que se prevaricó», explica Martínez-Almeida.
La querella fue a dmitida a trámite el 18 de febrero . La jueza tiene hasta agosto para instruir la causa. Si considera que el caso es de especial complejidad, puede ampliarla hasta 18 meses. Mientras tanto, la próxima sesión de la comisión de Bicimad se espera que tenga lugar el 22 de junio.
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