Podemos pone bajo la lupa al presidente de la Cámara de Cuentas
Pide que la Asamblea vote la pérdida de su condición de consejero en este órgano, porque estaba al frente de Canal Extensia cuando se realizó una compra investigada en el caso Lezo
El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha puesto bajo la lupa al actual presidente de la Cámara de Cuentas madrileña, Arturo Canalda. La portavoz de la formación morada, Lorena Ruiz-Huerta, ha pedido que el pleno de la Asamblea vote la pérdida de condición de consejero de dicha Cámara de Canalda, porque estaba al frente de Canal Extensia cuando esta empresa compró Inassa, filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica investigada en el marco de la Operación Lezo por presuntas prácticas corruptas.
A juicio de Ruiz-Huerta, la idoneidad de Canalda para permanecer al frente de la Cámara es «cuanto menos dudosa». Según explicó, Canalda era el presidente de Canal Extensia cuando la sociedad adquirió, en diciembre de 2001, la colombiana Inassa. Esta operación, según señala Podemos, aparece en la investigación del caso Lezo que lleva adelante en la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco , porque pudo incluir «un sobreprecio de 70 millones, siendo considerada una compra fraudulenta».
«En el mejor de los casos -apunta la portavoz de Podemos en la Asamblea-, el máximo responsable de la fiscalización del gasto público demuestra que no fue de capaz de ver un agujero de 70 millones de euros en una operación de 100 millones».
Por otra parte, también critica que no se haya realizado ningún informe monográfico del Canal de Isabel II en los años en los que ha ostentado la Presidencia de la Cámara de Cuentas, lo que en su opinión, es «un síntoma de conflicto de interés».
Recientemente, desde el grupo Ciudadanos se formalizó una petición al Gobierno de Cristina Cifuentes para reformar a fondo la Cámara de Cuentas, dotándola de un auditor general elegido por la Asamblea entre profesionales de reconocido prestigio, entre otras medidas para aumentar la transparencia y eficacia de este órgano fiscalizador del sector público regional.
