Paquete de precios reducidos para guardias civiles y policías
Son mejoras para guarderías y viviendas, y conseguir así que no se vayan de Madrid
Una de las promesas electorales de Isabel Díaz Ayuso era mejorar las condiciones de los guardias civiles y policías que dan servicio en la Comunidad de Madrid. Históricamente, es un destino poco deseado o incluso de paso para los agentes, habida cuenta de lo costosa que resulta la vida en la región para plantillas que no consideran que sus salarios estén a la altura de su desempeño laboral.
Por ello, ahora, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, que dirige Enrique López, estudia reducir los precios para sus familias en las escuelas infantiles y en los centros docentes no universitarios, tal y como se recoge en las conclusiones de la Comisión de estudio constituida en noviembre para determinar las medidas de apoyo a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en la región. Es una manera, por lo tanto, de «fidelizar» su presencia y evitar que busquen traslados a otros puntos de España donde la vida es mucho más barata.
La finalidad de esta comisión, reconocen en el Gobierno autonómico, «era determinar qué medidas en materia de vivienda, transporte, educación, formación y deportes, se podían adoptar por el Ejecutivo regional para favorecer el arraigo y la elección de Madrid como destino de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil ».
En el apartado de educación, como medida de apoyo, para los miembros de estos Cuerpos que tengan hijos escolarizados en escuelas infantiles y centros docentes públicos no universitarios de la región, se propone introducir un nuevo supuesto de precio reducido para este colectivo a partir del próximo curso 2020-2021. Este sistema se aplica en relación a determinados colectivos desde 2012 en ambos casos.
Viviendas para policías
En lo que se refiere a vivienda protegida en alquiler, la Comunidad de Madrid ha efectuado una reserva de 48 pisos, que podrían ampliarse hasta alcanzar la cifra de 70, propiedad de la Agencia de Vivienda Social y ubicados en el barrio de Lavapiés, en la capital. Estos inmuebles se adjudicarían por sorteo y en régimen de alquiler a agentes de la Policía Nacional. Para ello, se desarrollará un convenio con el Ministerio del Interior.
Esta fórmula permitiría también la cesión de inmuebles de la Agencia de Vivienda Social en el término municipal de Ciempozuelos a agentes de la Guardia Civil. En este caso, el régimen de cesión sería en arrendamiento y la asignación la llevaría a cabo el Ministerio.
Formación y transportes
En términos de formación profesional y, a través del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (Ifise), la comisión plantea ofrecer a los agentes mejorar su formación y currículo profesional a través de cursos impartidos por esta institución y que en la actualidad se dirigen a los Cuerpos de Policía Local de la región.
Para el transporte, la comisión plantea en sus conclusiones dar facilidades a los agentes para el uso del transporte público en toda la red de la Comunidad de Madrid que se integra en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (autobuses y Metro, fundamentalmente).
Por último, la comisión plantea que se pueda implantar la gratuidad en el acceso a instalaciones deportivas de la región. Esta opción se podría llevar a cabo a través de la firma de convenios tipo que se han elaborado y que se pondrán a disposición de los ayuntamientos la Comunidad, especifica la Consejería de Interior.
En la actualidad se calcula que en la Comunidad de Madrid trabajan cerca de 13.000 policías nacionales y otros 7.500 guardias civiles , y otro 10% de las plazas disponibles se encuentran vacantes; es decir, 2.500 aproximadamente. Este equipo de trabajo que conformaba la comisión ha actuado de manera transversal, formado por 11 miembros de 10 de las 13 consejerías del Gobierno.
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