Pacto unánime de los partidos de la Asamblea para mejorar los servicios sociales
Todos los grupos políticos se comprometen a incluir en sus programas reforzar la ley de Servicios Sociales y el Estatuto de Autonomía
Representantes de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid han firmado este miércoles un pacto para reforzar los servicios sociales públicos con medidas como la garantía de la renta mínima de inserción a los ciudadanos sin ningún tipo de ingresos. El documento ha sido propuesto por las organizaciones que conforman la denominada «marea naranja» a favor de los servicios sociales y la Alianza Social en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, a la que pertenecen entre otros el sindicato CCOO.
En declaraciones a Efe, la secretaria de Política Social y Diversidad CCOO de Madrid, Ana González , ha explicado que la intención es «visibilizar la fortaleza» de los servicios sociales públicos como «instrumento de prevención y eliminación de las desigualdades». «Es un sistema que ha sido devaluado y que arrastra una situación de debilidad muy importante , por lo que requiere de una apuesta firme», ha añadido.
La responsable de CCOO ha destacado el «compromiso» de todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE-M, Podemos y Ciudadanos) para recoger las reivindicaciones del documento en sus programas electorales.
El pacto suscrito aboga por «reforzar» el Estatuto de Autonomía y desarrollar la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid de 2003 «para que se reconozcan derechos subjetivos que logren la cohesión y la justicia social».
También pide un «modelo unificado» de los centros de servicios sociales municipales con «personal suficiente» para garantizar a la ciudadanía «la respuesta cercana, adecuada y rápida de sus necesidades».
Entre otros aspectos, el pacto insta a garantizar la renta mínima de inserción a los ciudadanos sin ningún tipo de ingresos y a reforzar la ley de dependencia con el fin de «eliminar las situaciones de desprotección y desatención derivadas de las listas de espera».
El documento apoya asimismo la participación directa de la sociedad civil en la programación, control y evaluación de los servicios sociales retomando el Consejo Regional de Servicios Sociales , que fue eliminado en 2010.
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