Una red que organizaba peleas de perros se enfrenta a más de 100 años de cárcel
Los 23 acusados, que se sientan en el banquillo desde el próximo lunes, organizaban las batallas con veterinarios, cazatalentos, criaderos y adiestradores
Peleas, grandes apuestas y criaderos ilegales: lo que oculta el robo de perros
Un veterinario, criaderos, un adiestrador y hasta un 'cazatalentos'. Estos son algunos de los 23 miembros de una red que se encargaba de organizar peleas de perros y que se enfrentan a penas que van desde los siete años y cuatro meses a tres años y cuatro meses de prisión. Esa es la petición de la Fiscalía de Madrid para estos sujetos, que desde el lunes próximo serán juzgados por pertenencia a organización criminal, maltrato animal y la omisión del deber de perseguir delitos , en la Audiencia Provincial.
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El escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso ABC, destaca «el cruel maltrato» al que sometían a los animales desde su nacimiento, a los que mataban «cuando ya no les eran de utilidad para su fine».
Dopados para ser más agresivos
Siempre según la tesis fiscal, la mafia llevaba operando al menos desde septiembre de 2016, para ganar grandes cantidades de dinero a través de las apuestas en estas peleas. Incluso llegaron a actuar a nivel internacional. Hasta dopaban a los canes para que fueran más agresivos y tuvieran una mayor musculatura.
Las prácticas a las que los sometían eran aberrantes: desde ponerlos a correr en una cinta de entrenamiento «hasta la extenuación» a utilizarlos de 'sparrings' o matarlos directamente cuando ya no eran aptos para las batallas a vida o muerte.
Entre otros puntos, se trata de una organización criminal con una división de funciones y también una estructura territorial: actuaban en Madrid, pero también en Canarias, Alicante, MMurcia, Almería y Málaga. Pero con pequeños grupos interconectados con ramificaciones en Italia, Francia, México, Tailandia y Emiratos Árabes.
Unos organizaban las peleas, otros se dedicaban a la cría y un tercer tentáculo, a apostar. Cada pelea se pactaba por escrito , con las condiciones del combate, el dinero que se jugaban, peso de los perros que iban a luchar, penalización en caso de no comparecer, árbitro, fecha y/o lugar. Incluso manejaban una jerga propia y si alguien de fuera de la red quería participar, debía ser 'apadrinado' por alguien de esta.
Eutanasias humanitarias
En el caso de la Comunidad de Madrid, R. R. D era el líder del grupo y el encargado de mantener los contactos fuera de España. El acusado, que era una especie de 'cazatalentos', tenía varios perros que criaba en una finca de Batres y allí celebraba 'topas' (enfrentamientos previos a una pelea) para seleccionar a los más agresivos y mejor entrenados de cara a promover su lanzamiento a peleas internacionales. En ellas, «el lucro obtenido siempre era muy superior». En el registro practicado en su finca se hallaron 22 perros «en estado lamentable de salud e higiene». La mitad de ellos fallecieron debido al estado de salud en que se encontraban, «siendo necesario practicar además a varios de ellos eutanasias humanitarias».
En otra finca situada en Fuente el Saz dle Jarama, propiedad del acusado Á. O. R., había un criadero de perros donde se les adiestraba en un ring . Además, realizaba funciones de asesoramiento a otros miembros del grupo en materia de cría, cuidado y adiestramiento, de los animales. En su finca se encontraron 17 perros, la mayoría hembras para crianza, algunos de ellos con cicatrices y heridas abiertas, atados a cortas cadenas y rodeados de suciedad y excrementos. En esa misma finca, L. M. M. supervisaba las funciones de adiestramiento y dopaba a los animales.
Evitaban llevarlos a veterinarios
Entre el grupo de seis acusados que operaban en la Comunidad de Madrid, se encuentra el veterinario C. M. Y., cuya tarea era la de facilitar el soporte documental administrativo necesario para la identificación, transporte y tenencia de los perros, «medicación que es de exclusivo suministro veterinario».
Aportaba sus conocimientos sobre el tratamiento médico de los perros, «a sabiendas de la ilícita actividad que los demás acusados estaban practicando» con los perros. Según la Fiscalía, el acusado era perfecto conocedor del estado en que se encontraban los perros y del origen de sus heridas, «evitando con sus consejos que los perros tuvieran que ser trasladados a una clínica veterinaria donde se sospecharía de las heridas presentadas y del estado de los animales».
