Orden de desalojo para los últimos comercios de Metro
El suburbano comunica a los diez locales que permanecen abiertos la intención de sacar a concurso los espacios una vez se hayan marchado
La vida en el suburbano para los diez comercios abiertos es ya una cuestión de supervivencia. Después de más de un cuarto de siglo de vida, los últimos inquilinos se encuentran en un callejón sin salida, anclados entre la voluntad política de «sentarse a hablar» y el avance del proceso de desalojo, puesto en marcha por Metro una vez finalizada la prórroga del convenio el pasado 31 de diciembre. «Para poder arrendar de nuevo los locales, hay que volver a sacarlos a concurso y que todo el mundo pueda optar a su explotación», aseguran fuentes de la compañía, sin determinar aún la fecha de lanzamiento ni las condiciones a cumplir: «Hasta que no estén todos los espacios vacíos no podemos iniciar el procedimiento».
En el otro lado, los pequeños empresarios aguardan desconfiados las órdenes de «desahucio» enviadas por el ente público. «Tenemos constancia de que se han recibido al menos tres», advierte el presidente de la Asociación de Autónomos y Comerciantes de Metro y dueño de El Pipón -uno de los establecimientos todavía operativos-, Marcelo García. El número de negocios ha menguado de manera alarmante en los últimos 13 años, pasando de 125 en 2007 a los diez actuales. Pero no solo eso. «Durante ese tiempo se han perdido más de 700 puestos de trabajo directos y 200 indirectos», recuerda el tendero, sin entender las inversiones millonarias realizadas por el suburbano para reformar y acondicionar los locales que ahora permanecen ocultos o con la persiana bajada.
La reducción, desde el punto de vista de Metro, responde a las progresivas «necesidades del servicio», incluidas las recomendaciones de Protección Civil; y a la adecuación de los requisitos técnicos de la Normativa de Usos Asociados de la Red, en vigor desde 2016. Algo que no comparten los comerciantes, con la sospecha de que detrás de los desalojos está la idea de la empresa de «externalizar» las tiendas a través de una multinacional, que se encargaría de gestionar los nuevos contratos; un extremo que niegan desde el suburbano. El pasado miércoles, los afectados se reunieron con la nueva consejera, Silvia Roldán, para exponer sus quejas y buscar soluciones a «los problemas de la red comercial».
«Salimos del encuentro muy desilusionados», añade García, consciente de la encrucijada en la que se encuentran: «Lo lógico es que nos hubiera asegurado que van a paralizar el proceso judicial para poder sentarnos a hablar, porque igual cuando eso ocurra estamos todos fuera». La explicación de Roldán, no obstante, se apoyó en el cumplimiento de la Ley -«no sería legal que metro adjudicara los espacios a dedo a los actuales minoristas», inciden las mismas fuentes-, amén de emplazarles a futuras reuniones una vez esté informada de cada caso particular.
En palabras del presidente de Redautónomos y portavoz de las tiendas de Metro, Francisco Ferrera, la situación límite ha sido forzada por la compañía mediante «fuertes desembolsos» empleados para llevar a cabo «indemnizaciones ridículas» y mostrar así la puerta de salida a gran parte de los comerciantes. «Desde 2005 esta ha sido la tendencia», dice tajante, antes de poner el foco en la modernización de la red de transporte realizada en la época de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad. Tras su marcha, el representante recuerda los primeros problemas, surgidos con el fin del anterior convenio, que expiró en 2005.
Después de una dura negociación, las dos partes llegaron a un acuerdo en 2008 por un plazo de diez años, con la posibilidad de prórroga en situaciones de cierre temporal por obras o u otras actuaciones. Ahora, con el fin de la relación, los vendedores no entienden la falta de margen mostrada por el suburbano. «Hay comercios que han estado sin actividad más tiempo del estipulado y se han encontrado que no pueden seguir», prosigue Ferrera, esperanzado porque puedan continuar en sus puestos a fin de rentabilizar las inversiones acometidas.
Por ello, van a pedir la puesta en marcha de una comisión de seguimiento que vigile el desarrollo del concurso público. «Queremos que lo saquen local por local, para dar la oportunidad a los pequeños empresarios. Si lo ofertan solo en un paquete, se lo van a poner en bandeja a las multinacionales», subraya el portavoz.
Mientras eso llega, el dueño del Pipón y los otros nueve supervivientes resisten «contra viento y marea» a la espera de una muerte anunciada. Una vez cerrados, los pasajeros que transiten por los pasillos de Aluche, Ópera, Legazpi, Plaza de Castilla y Sol, las únicas estaciones que cuentan con tiendas abiertas -a excepción de los intercambiadores de Moncloa y Avenida de América, al margen de este peculiar sector-, dirán adiós, al menos temporalmente, a los últimos comerciantes del Metro.
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