Objetivo: evitar a toda costa la petición del estado de alarma

Primera hora de la mañana de ayer. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , llama a su número dos, Ignacio Aguado , al despacho de la Real Casa de Correos. En apenas cinco minutos, el político de Ciudadanos cruza los 30 metros que separan el edificio de Postas y se encuentra con la líder popular. Hay que rematar la orden que se empezó a redactar, como borrador, la jornada anterior. Las diferencias internas de los últimos meses quedan aparcadas y aquí la máxima es «la perfecta coordinación y sintonía», explican en Sol.

El «sanedrín» que se encuentra detrás de la puerta de la presidenta lo completan el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero ; su segundo, Antonio Zapatero , y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas , que es quien firma el documento. Además, también pasa acude en algunos momentos Enrique López , el exmagistrado del Supremo que es consejero de Justicia, Interior y Víctimas, hombre cada vez más fuerte en el entorno de Ayuso, y que es quien asesora en una de las trabas fundamentales: el encaje jurídico de las medidas en un margen muy estrecho que, se quejan en Sol, les han dejado desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La máxima es el criterio sanitario , salvar vidas. Pero también que el confinamiento sea el más «amable» posible: «Porque un cierre total es un desatre económico y somos la locomotora de España», repiten en la Presidencia.

Se quiere evitar a toda costa la petición formal a Moncloa de que declare el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Se lleva trabajando en este escenario desde agosto, y más arduamente a partir de que el 4 de septiembre se anunciaran las anteriores restricciones que sabían que tendrían que endurecerse en 15 días. Esta semana ya se fueron cerrando los flecos. La comunicación entre Escudero e Illa ha sido prácticamente diaria, pero apostillan: «Hemos tomado esta decisión de manera totalmente autónoma».