COMUNIDAD DE MADRID
No habrá una auditoría externa de los últimos ocho años de Gobierno de Aguirre y González
Ciudadanos exige una reforma profunda de la Cámara de Cuentas, despolitizada y con capacidad de sancionar
El punto quinto del acuerdo de investidura firmado en junio por PP y Ciudadanos , el relativo a la «realización de una auditoría económica externa de los últimos 8 años de Gobierno de la Comunidad de Madrid», no se cumplirá . El Ejecutivo que preside Cristina Cifuentes ya ha comunicado al portavoz del partido naranja, Ignacio Aguado, la imposibilidad «por razones jurídicas» de externalizar la función fiscalizadora de la Administración autonómica, que le corresponde ejercer por ley a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General. «Esas competencias –indican en la Puerta del Sol– están marcadas por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía. Son irrenunciables y deben ser ejercidas necesariamente por los órganos asignados a tal efecto , sin que puedan ser atribuidas a ningún otro órgano».
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Durante la negociación para la investidura de Cristina Cifuentes , Ciudadanos exigió, y así lo asumió el PP, encargar a una empresa privada auditora el examen de las cuentas de los mandatos de Ignacio González y Esperanza Aguirre . Además, pidió otra auditoría funcional y de procesos relativa al último ejercicio (2014)». El informe debía estar listo para junio de 2016 y sus resultados, disponibles en la página web de la Comunidad. Según el acuerdo PP-Ciudadanos, «la supervisión de ambas auditorías dependerá de una Comisión nombrada ad hoc por la Asamblea de Madrid al inicio del primer periodo de sesiones». Pero la asesoría jurídica del Ejecutivo regional advierte ahora de que todo ello no es viable legalmente y recuerda que esa tarea es propia de la Cámara de Cuentas.
Expertos, no políticos
Ante este contratiempo de índole jurídica, C’s exigirá a Cifuentes que retome «cuanto antes» la «despolitización» de la Cámara de Cuentas, recogido en el punto noveno del acuerdo. Según el borrador del partido de Albert Rivera, al que ha tenido acceso ABC , se propone una reforma integral «para superar la politización evidente que sufre actualmente esta institución básica», responsable del control económico y presupuestario del sector público autonómico, así como de los entes y empresas públicas dependientes. Aguado es rotundo al afirmar que la Cámara, presidida desde 2012 por Arturo Canalda a propuesta del PP, no garantiza la independencia exigida y no ha cumplido con el mandato fiscalizador . Al igual que en Telemadrid, critica que los partidos designen a los consejeros «siguiendo matemáticamente la composición plítica de la Asamblea y vistiendo los currículos de los afortunados».
Aguado exigió un examen externo de los dos últimos mandatos regionales; Cifuentes lo aceptó, pero ahora asume que no puede
Ciudadanos se fija en el modelo anglosajón y quiere que la dirección del órgano fiscalizador sea unipersonal, dirigida por el Auditor General, que sea elegido por una mayoría de tres quintos en la Asamblea regional, por mandatos de seis años hasta un máximo de doce. Los candidatos al cargo deberán ser «profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la auditoría, ya sea pública o privada» y se fijará un «estricto»régimen de incompatibilidades para los miembros de la Cámara. Esa mayoría cualificada garantizaría la imparcialidad de un puesto cuya relevancia política es evidente, según Aguado, que demanda mejoras en los mecanismos de relación entre el órgano de control y la Asamblea, «que ha estado ciega en los últimos años», denuncia.
Destituciones y multas
El grupo emergente pide revisar los procedimientos de remisión y tratamiento en el Parlamento regional de los informes de fiscalización y auditorías hechos por la Cámara de Cuentas. Asi, es necesario, según C’s, definir un régimen de comparecencias obligatorias del Auditor General y publicar toda la información generada en formatos abiertos y editables.
Pero la clave, sin duda, está en la necesidad de dotar al órgano de un régimen sancionador sobre los entes del sector público que incumplen su obligación de rendir cuentas. Aquí, los de Aguado exigen que se dote a la Cámara de capacidad para actuar de oficio ante la no presentación de cuentas, o si estas son incompletas. El caso más evidente es el de la empresa pública que gestionó el fracasado proyecto del Campus de la Justicia, que escapó al control de los auditores públicos. La Cámara advirtió del bloqueo al Gobierno regional y a la Asamblea, pero ni el Ejecutivo ni la oposición reaccionaron. Por eso, Ciudadanos pretende que la Cámara de Cuentas tenga capacidad «para suspender, destituir, cesar (sic) o separar del servicio a la autoridad, funcionario o persona responsable» del organismo público incumplidor, algo que el PP ya ha defendido. Tampoco se descarta la imposición de «importantes multas».
«Debemos devolver la credibilidad a la Cámara de Cuentas, dotándola de medios, independencia y capacidad sancionadora», resume Aguado, que asume que no llegarán a junio de 2016 con las auditorías reclamadas ya que la reforma de la ley reguladora del órgano fiscalizador requerirá su tiempo. Mientras tanto, C’s se conforma con las dos comisiones, de deuda y de corrupción, abiertas en la Asamblea, para «poner la lupa sobre la gestión» del PP .
