Más de 2.410 empresas se «mudaron» a Madrid desde otras comunidades en 2020

Un total de 2.416 empresas se trasladaron desde otras comunidades autónomas hasta Madrid a lo largo del año 2020. A pesar de la pandemia y de los confinamientos, la Comunidad madrileña resultó suficientemente atractiva como para que se trasladaran estas compañías. El vicepresidente Ignacio Aguado ha señalado que esto no pasa por la capitalidad de Madrid, una responsabilidad que ostenta desde hace siglos, ni por la fiscalidad madrileña, dado que «las empresas pagan el Impuesto de Sociedades, que es estatal».

Pero tampoco piensa que sea «por casualidad», sino por la «aplicación de políticas liberales y apuestas para la agilidad». Un ejemplo citado por el vicepresidente es la Ley de Mercado Abierto, que este miércoles ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Comunidad madrileña, y que «facilita que las empreas tengan más libertad para moverse».

El anteproyecto de Ley de Mercado Abierto, cuya tramitación arranca ahora tras su aprobación por el ejecutivo, pero tendrá que pasar aún por la Asamblea, es una norma que fue anunciada por la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, en el último Debate sobre el Estado de la Región. Es una norma pionera en España para la apertura del mercado regional a operadores de otras comunidades autónomas.

Esta ley pretende eliminar trabas administrativas injustificadas e innecesarias: con carácter general, todo operador económico establecido legamente en el territorio nacional podrá desplazarse libremente a la Comunidad de Madrid para ejercer su actividad sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica.

«Esto contribuirá a reducir trabas y regulaciones innecesarias, potenciará la llegada de inversiones y ayudará a impulsar la actividad económica de la región mediante la libre circulación de bienes y servicios y el reconocimiento automático de licencias, para que empresas y profesionales de todo el territorio nacional puedan operar en la región», explican desde el Gobierno regional.

En paralelo además, se ha aprobado también este miércoles en el Consejo de Gobierno un decreto que pretende agilizar la burocracia y reducir a la mitad el tiempo de tramitación normativa. Si ahora son 125 días de media los que se tardan en tramitar una nueva norma, con el decreto aprobado se reducirán a 70, porque se suprimirán trámites duplicados, entre otras medidas.